Cuando una nación se enfrenta a una amenaza que compromete su integridad territorial y sus leyes fundamentales –esto es, poco menos que sus mismas esencias–, lo lógico y lo razonable es que las principales fuerzas políticas de ese país constituyan un frente común para defender aquello que comparten y sobre lo que no puede caber disputa alguna: cuáles son las dimensiones del “terreno de juego” y cuáles son las reglas con las que ha de desarrollarse ese juego. Así lo entendieron Churchill y Atlee en Gran Bretaña, cuando su país sufrió la grave amenaza de la ocupación nazi y los desastres de la guerra. Atlee y los laboristas aceptaron el ofrecimiento de Churchill de formar parte de sus gobiernos durante la guerra. Lo respaldaron en todas sus políticas, pues eran plenamente conscientes de que, ante la gravísima situación que atravesaba Gran Bretaña, era preciso enterrar las diferencias políticas y las peculiaridades de cada partido en aras del objetivo común: salvar a su país –y al mundo– del yugo nazi. Y, aunque pueda parecer paradójico, no fue Churchill quien, prácticamente terminada la guerra, capitalizó electoralmente la victoria: fueron los laboristas de Atlee.
Aunque, en apariencia, no tan grave como la que sufrió Gran Bretaña, es evidente que el plan separatista de Ibarretxe constituye una seria amenaza tanto para la integridad territorial de España como para sus leyes fundamentales, en la medida en que pretende hacer tabla rasa de más ocho siglos de Historia y reducir unilateralmente la Constitución a mero papel mojado. Y no precisamente para constituir un régimen de plenas libertades mejor que el que actualmente gozan todos los españoles, sino todo lo contrario: para consolidar un modelo totalitario donde los no nacionalistas sólo tendrían la opción material de exiliarse o acatar lo que el nacionalismo gobernante dispusiera.
Frente al escenario que pretenden forzar los nacionalistas vascos no caben equidistancias ni cálculos electorales. Ni tampoco hay espacio para otro programa que no sea la lucha por defender el marco legal e institucional que sustenta las libertades, en muchos de sus puntos –especialmente en lo que toca a la actividad política y a la libertad de expresión, derechos que no pueden ejercerse plenamente sin arriesgar la vida o sufrir exclusión social– todavía inédito en el País Vasco desde la transición. Obstinarse, como hacen Patxi López y Rodolfo Ares, en marcar diferencias con el PP cuando la prioridad es aunar esfuerzos para detener la ofensiva nacionalista, es tanto como ponerse a discutir sobre el color en que ha de pintarse la fachada cuando antes es preciso salvar al edificio de la ruina... sobre todo cuando esa ruina amenaza con sepultar a los vecinos.
Ni qué decir tiene que a los únicos a quienes beneficia la actitud del PSOE es a quienes buscan la desmembración de España, cuyo corolario inevitable es el fin de las libertades democráticas. Bien en beneficio de sus fanatismos tribales –PNV-EA–, bien en el de sus narcisismos provincianos –CiU-ERC– o bien por pura, simple y desmedida ambición personal de poder –Maragall y sus epígonos socialistas como Elorza, Antich, Iglesias o Touriño. Los nacionalismos separatistas se benefician de la inaudita mezquindad y estrechez de miras de los actuales dirigentes socialistas –que les incapacita para ver más allá de la próxima convocatoria electoral y también para advertir que una alianza con el PP en defensa de las libertades y de la unidad de España, lejos de perjudicarles, les beneficiaría enormemente–, y jalean complacidos, porque sirve a sus intereses, la que, actualmente, parece ser única divisa y programa del PSOE: la oposición incondicional al PP.
Desde que Zapatero renegó de Redondo Terreros y aceptó ser el brazo político de PRISA, perdió prácticamente toda su autoridad en el PSOE. Un partido hoy reducido a un conjunto de taifas políticas donde cada barón local o regional postula sin pudor su modelo particular de Estado sin que el líder desautorice a nadie o se atreva a fijar una línea política coherente. Hace unos pocos días decíamos que Zapatero tendrá que elegir entre desautorizar públicamente al “sector centrífugo” del PSOE y pactar con el PP las líneas de defensa de las libertades y de la unidad nacional, o bien despedirse definitivamente de llegar a La Moncloa... y también seguramente de conservar la secretaría general.
Aunque sólo fuera por mero cálculo electoral, Zapatero no debería dejar al PP el monopolio de la defensa de las libertades y de la unidad nacional, por mucho que los medios “independientes” y “progresistas” pretendan atribuírselo como un estigma vergonzoso. Ni Polanco ni Cebrián se presentan a las elecciones. Y las últimas convocatorias electorales muestran la escasa influencia que las campañas de PRISA tienen sobre el ánimo de los electores.
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