El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Canarias en su apelación contra una bajada del Impuesto especial sobre Matriculación de vehículos, decretada el 28 de diciembre de 1995 por el último Gobierno de Felipe González. La sentencia, del pasado 3 de julio, estima el argumento de que el Estado no puede tocar el diferencial fiscal favorable a los consumidores y las empresas isleñas; ni siquiera cuando, como en este caso, sea para reafirmarlo.
El Gobierno de Coalición Canaria (CC) ha convencido al Pleno del alto tribunal de que una bajada de impuestos puede vulnerar preceptos constitucionales y del Estatuto de Autonomía que consagran el Régimen Económico Fiscal (REF) del Archipiélago, un acervo de libertad económica vigente desde la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, y cuyo principio esencial es una fiscalidad sobre el consumo reducida como mecanismo de compensación de las condiciones de lejanía y aislamiento de la región.
El REF de 1994, actualmente vigente, actualiza el histórico privilegio de franquicias aduaneras y de consumo que los Reyes Católicos concedieron a Canarias, y se asienta sobre dos pilares: un sistema de impuestos indirectos diferente del régimen tributario operativo en el resto de la Nación y una carga fiscal menor a la de las figuras tributarias análogas o similares que se aplican en la España continental. El sentido último de este fuero es la libertad comercial, de ahí que la única restricción sobre su reforma, según reconoce el propio Tribunal Constitucional, sea la que prohíbe aumentar el nivel global de la carga fiscal sobre el consumo, justo lo contrario de lo que hace el Real Decreto impugnado.
El Ejecutivo nacionalista ha invocado en este proceso el derecho de la Comunidad Autónoma a ser consultada sobre cualquier modificación del REF, un derecho que la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 45.3 del Estatuto autonómico le reconocen.
El fallo encierra, así, el contrasentido de que corrige al Estado por el hecho de adoptar unilateralmente una medida que modifica el fuero canario...reforzándolo. Establece la responsabilidad del poder central por aplicar una bajada de impuestos que se entromete en las competencias sobre el REF, y por el contrario, exime al poder territorial de la responsabilidad de oponerse a una medida que desarrolla la potencialidad de ese régimen singular.
La corresponsabilidad fiscal tiene una proyección controvertida y contradictoria en un modelo fiscal excepcional como el canario: aquí es el Estado, paradójicamente, el que paga el pato por bajar impuestos y defender el interés del contribuyente, mientras la Administración autonómica sale de rositas manteniendo la carga fiscal y aparentando la defensa de un fuero que descansa, precisamente, en la reducción de esa carga para los consumidores.
¿Qué hay detrás de este intercambio de roles? Ni más ni menos, el hecho de que la ciclópea estructura administrativa de Canarias, compuesta por siete Cabildos insulares, 81 ayuntamientos y una hipertrofiada Comunidad Autónoma se financia con los rendimientos fiscales del REF. Casi uno de cada dos empleados de Canarias lo son de alguna de estas Administraciones. El Gobierno nacionalista, después de diez años en el poder, casi ha multiplicado por dos el número de funcionarios, de empresas públicas, de organismos y de agencias gubernamentales de todo tipo, por no mencionar el número de altos cargos y el hirviente panal de asesores que hoy integran el Ejecutivo.
Los gobernantes autonómicos no necesitan un genuino fuero económico y fiscal, estimulante de la actividad empresarial y de la demanda privada, sino un REF que funcione como monstruosa máquina recaudadora. Los impuestos del régimen canario rinden aproximadamente 1.500 millones de euros al año. Sólo durante el primer semestre de este año, la recaudación se ha incrementado en un 12 por ciento respecto del mismo periodo del pasado año, según datos oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda. Mientras tanto, la cesta de la compra de Canarias es la más cara del país y las manufacturas importadas pagan un arancel único en Europa. A eso se reduce, hoy, el histórico fuero de los consumidores canarios.
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