La escasa flexibilidad y alto coste de las alternativas han convertido al transporte por carretera casi en la única opción accesible para muchos viajeros y para la mayoría de las empresas que necesitan enviar con la mayor rapidez posible sus productos a puntos muy concretos de la geografía nacional y europea. Quizá por esa falta de sustitutivos eficaces del transporte por carretera, el Gobierno se plantea de nuevo la vieja idea de Borrell –que ha encontrado eco en Francia, Alemania e incluso la propia Comisión Europea, representada por Loyola de Palacio, la Comisaria de Transportes– de establecer una tasa por el uso de las carreteras.
El sector del automóvil y del transporte por carretera ha sido tradicionalmente una auténtica “vaca” estabulada y cautiva de la que los sucesivos gobiernos han ordeñado gran parte de la cifra del Presupuesto. Aparte de la proporción de los impuestos directos –IRPF y Sociedades– e indirectos –IVA– que pagan automovilistas y transportistas dedicado a la construcción y conservación de las carreteras, el Estado recauda también impuestos especiales por los carburantes y por las matriculaciones de vehículos. Impuestos que, tradicionalmente, se han justificado de forma más o menos peregrina por la necesidad de construir y conservar las infraestructuras viarias y, más recientemente, por los perjuicios que las carreteras y los vehículos causan al medio ambiente.
Las Comunidades Autónomas, por su parte, también cobran por las licencias otorgadas a los transportistas y por las revisiones técnicas de la ITV; incluso, como en la Comunidad de Madrid, también por motivos “de salud”, como el “céntimo sanitario” de recargo sobre los carburantes que impuso Ruiz Gallardón. Y, asimismo, los ayuntamientos cobran el tradicional Impuesto de Circulación que, una vez más, se justifica por la necesidad de construir y conservar las calzadas municipales, así como el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Por si ya no fueran suficientes los conceptos que sirven de excusa para asfixiar a impuestos a los sufridos automovilistas y a los profesionales del volante, el Gobierno, siguiendo la inercia europea y aprovechando la falta de alternativas eficaces al transporte por carretera, estudia un nuevo pretexto para intensificar la presión fiscal sobre el sector. Esta vez, por lo que parece, las víctimas serán los camiones, que, a los ojos de los burócratas europeos y nacionales, no pagan todo lo que debieran en función de lo que estorban, de lo que congestionan, de lo que contaminan y de los múltiples accidentes que, al parecer, provocan.
Aun dando por buenos los cálculos del Gobierno y de la Comisión Europea –lo que equivaldría a admitir que es posible cuantificar con precisión los costes asociados a la contaminación, al deterioro de la red, a los atascos, a las afecciones respiratorias e, incluso, ¡al cambio climático!–, naturalmente, no se tienen en cuenta los beneficios para el interés general derivados de una red de transporte eficaz que llega puntualmente a los grandes núcleos urbanos y a las pequeñas poblaciones. Y, que se sepa, las ingentes cantidades que el sector del transporte aporta al erario público –según Anfac, la patronal de fabricantes de vehículos, la recaudación en este sector supone un 25 por ciento del total del Presupuesto– no se traducen ni de lejos –ni probablemente se traducirán en el futuro– en construcción, mejora y conservación de las carreteras... ni mucho menos en políticas medioambientales destinadas a paliar los efectos de la contaminación, como podrían ser las repoblaciones forestales. Además, tampoco se tiene en cuenta la circunstancia de que, aun a pesar de que nuestras autopistas de peaje son escasas, una gran parte del transporte de largo recorrido se realiza a través de ellas.
En suma, doble, triple, cuádruple, quíntuple y hasta séxtuple imposición fiscal por el mismo concepto: el uso de las carreteras. Recuérdese: aparte de los impuestos generales –IRPF, Sociedades e IVA–, impuestos sobre carburantes, Impuesto de Circulación, Impuesto de Matriculación, licencias fiscales, Actividades Económicas... Y ahora, también una tasa específica, como si el impuesto de matriculación y el de carburantes no lo fueran ya.
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