Está emergiendo un nuevo mecanismo gubernamental. La Universidad de Georgetown lo llama “el tercer sector”; en las Naciones Unidas lo llaman “la sociedad civil” y el Consejo Presidencial del Desarrollo Sostenible lo llama “un nuevo proceso colaboracionista de decisiones”. Cualquiera que sea el nombre, se trata de un proceso de formulación de políticas públicas por parte de personas que no han sido elegidas por nadie y que no responden a ningún proceso legislativo.
El proceso fue ideado y desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la ONU. Toda una red de organizaciones de la llamada “sociedad civil” fue creada para promover propuestas y cabildear a los delegados de la ONU.
Esta proliferación de organizaciones no gubernamentales ha sido increíblemente exitosa a nivel internacional y rápidamente está logrando éxitos también en Estados Unidos y en muchos otros países. Por ejemplo, en 1995 la red de grupos de intereses especiales exigió que la UNESCO declarara al Parque Nacional Yellowstone como Patrimonio Mundial “en peligro”. Tal designación requirió que la administración Clinton-Gore, de por sí frecuentemente irrespetuosa de los derechos de propiedad, impusiera restricciones adicionales al uso de propiedades privadas cercanas al parque, en lo que los funcionarios elegidos no tuvieron injerencia alguna.
Durante los años 90, el Consejo Presidencial del Desarrollo Sostenible creo cientos de estas redes para enfocar temas específicos, tales como los programas de “crecimiento inteligente” del Sierra Club para ser aplicados en prácticamente todas las comunidades.
Los grupos organizados por activistas aparentan representar a las comunidades afectadas en temas tan diferentes como el transporte, la zonificación, la educación y el desarrollo económico, procediendo a formular recomendaciones en nombre de “la ciudadanía”, medidas a las que ni los políticos ni los funcionarios se atreven a oponerse.
No se trata de la visión de los ciudadanos de la comunidad, ya que la gente común y corriente raramente se entera de tales propuestas; y si surgen críticas, éstas son simplemente ridiculizadas, marginadas o descartadas.
Este “tercer sector” se ha incrustado profundamente en el proceso de elaboración de políticas públicas hasta el punto que la Universidad de Georgetown ha desarrollado un doctorado para entrenar a líderes de grupos de interés. El peligro, claro está, es que se trata de un sistema gubernamental emergente que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Si a los ciudadanos no les gusta lo que están haciendo estas ONG, es muy poco lo que pueden hacer, ya que no hay nadie a quien castigar con la no reelección.
Henry Lamb es vicepresidente ejecutivo del Environmental Conservation Organization.
© AIPE
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