Comerciantes del barrio portuario suspiran, entre la nostalgia y la cantina, por la edad floreciente del sector, que comparan con su languideciente pulso actual. Según denuncian, 200 tiendas de la zona han tenido que cerrar durante los últimos cinco años. Eran pequeños establecimientos forrados del suelo al techo por torres de electrodomésticos japoneses, cajas rebosantes de acuosos tejidos de China, Taiwán o India, y marcas impronunciables de tabacos y licores.
"Ahora –se lamenta un dirigente de Portoluz, el vigoréxico y bien subvencionado gremio de una zona comercial supuestamente en extinción– la gente prefiere las tiendas de chinos. Están por todas partes. Sin higiene ni control. Las abren en dos días, todas llenas de cajas. Los inspectores no aparecen, y, cuando lo hacen y las cierran, los chinos vuelven a abrir a las 48 horas, cien metros más allá. Tiran los precios, ponen a trabajar a toda la familia, permanecen abiertas todo el día y, así, no hay manera".
Impresionante documento, que diría un cursi. Del racismo de la peor ralea, a la incompetencia, pasando por el resentimiento más abyecto, una completa confesión del fracaso y la estupidez cabe en este directo testimonio, aparentemente heroico. De modo que han cerrado 200 tiendas, pero han llegado mil chinos. De creer a este líder empresarial, la decadencia del sector consiste en que la gente sigue saliendo de compras al barrio portuario, sólo que en vez de ir a tiendas subvencionadas, limpias, cerradas la mitad del día y carísimas, parece que prefiere entrar en cubiles trashumantes donde se amontonan asiáticos y demás bultos, en los que nadie habla tu idioma, pero puedes encontrar lo que buscas a un precio más bajo, a cualquier hora del día.
Es el método que hizo prosperar a miles de familias llegadas de India y Pakistán hace cincuenta años. En Canarias viven perfectamente integrados más de 6.000 indostánicos de tres generaciones. Jamás he visto a ninguno de ellos en la primera línea de los gremios de comerciantes, pidiendo protección, privilegios y ayudas a los políticos. Conozco, en cambio, a un laborioso exportador y hotelero indio que forma parte del Círculo de Empresarios, desde donde promueve la libre iniciativa y, por tanto, la erradicación de las políticas proteccionistas, la discriminación coactiva y las subvenciones.
El gremio de comerciantes tiene motivos razonables de aprensión por el difícil porvenir de sus negocios. Entre principios de los años 60 y comienzos de los 90, el comercio fue un icono del cosmopolitismo y la apertura de Las Palmas de Gran Canaria. Ese comercio políglota, tintineante y muy, muy competitivo fue posible, en primer lugar, porque las Islas disponían de un régimen de franquicias históricas que compensaba la lejanía mediante una fiscalidad aduanera reducida y, a continuación, porque la tradición de negocio del primer puerto de la Europa atlántica consistía en dar servicios de reparación, suministro de combustible y avituallamiento a barcos y tripulaciones.
Ambas condiciones han sido extinguidas o reformadas a fondo. Y los responsables de unas condiciones menos propicias, que han establecido la discrecionalidad política e incrementado la presión fiscal, no son inmigrantes asiáticos, sino gobernantes nacionalistas locales. Formalmente, el Régimen Económico Fiscal (REF) conserva las franquicias aduaneras y al consumo; pero sólo formalmente, ya que el Gobierno autonómico ha impuesto un arancel exclusivo a las compras al exterior, el AIEM, y elevado la presión fiscal un 3,3 por ciento, el doble del incremento medio en España durante el periodo 1997-2001.
La política de Coalición Canaria (CC) ha utilizado la soberanía fiscal para pervertir el REF, un acervo de libertad económica que ha transformado en una máquina de recaudación y una cazuela de privilegios. Mientras la cazuela ceba a la clientela, la máquina bombea recursos a una elefantiásica administración. El reparto de subvenciones y las regulaciones proteccionistas se han disparado. En 2002, las empresas recibieron del Gobierno regional 115 millones de euros en ayudas a la inversión y para gastos corrientes, un 37 por ciento más que el año anterior. Todo ello sucede con la bendición de la UE. El Parlamento, la Comisión y el negligente Presidium están empecinados en consagrar el terrible principio de ultraperificidad, que equipara a Canarias con Martinica, Guadalupe o Reunión, y supone el definitivo aislamiento de esta región española.
Canarias ha enseñado al resto de la nación a hacer negocios en libertad y abrirse al mundo a través del comercio. Si los últimos comerciantes nativos del puerto quieren que los marineros recalen otra vez en sus tiendas, deberían hacer que el Gobierno escuche la historia que les trajo durante cinco siglos hasta aquí.
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