Ya nos estamos acostumbrando al espectáculo de ver ejecutivos esposados y bajo guardia policial, por presentar estados financieros fraudulentos. Pero, ¿ha visto usted a algún funcionario del gobierno esposado y camino a la cárcel por engañar a la gente y presentar datos financieros falsos, a pesar que sus acciones afectan a más personas (a todos los contribuyentes) y hacen mucho más daño que los infractores del sector privado?
Si usted posee acciones de una empresa y la gerencia no cumple con sus expectativas, usted puede vender sus acciones o asistir a la asamblea y tratar de cambiar a los directores. Si los ejecutivos han actuado ilegalmente, usted los puede demandar. Los ejecutivos y empleados de las empresas están acostumbrados a ser despedidos, aun cuando las razones del bajo rendimiento hayan estado fuera de su control.
Contrastemos eso con la burocracia gubernamental. Es muy raro ver que despidan a un funcionario público de cualquier nivel, a pesar de repetidos fracasos en el manejo financiero y en los programas gubernamentales. Casi todos los días leemos en la prensa sobre un nuevo despilfarro oficial, a pesar de las repetidas promesas de los políticos de enderezar la situación y asegurarnos que no se repetirán.
Ahora el Congreso está considerando un plan de medicinas bajo prescripción para la gente retirada (Medicare) que dicen costará 300 mil millones de dólares. ¿Cuán confiable cree usted que es esa cifra? Para ayudarlo a pensar, considere los siguientes hechos. En 1987 nos dijeron que el plan de subsidios hospitalarios especiales bajo Medicaid (beneficios para los pobres) costaría 100 millones de dólares en 1992. El costo terminó siendo más de 11 mil millones de dólares, o sea más de 110 veces lo proyectado. En 1988 nos dijeron que el cuidado en casa de los ancianos, bajo Medicare, costaría 4 mil millones de dólares para 1993, pero costó 10 mil millones, más de dos veces y medio. Por último, cuando comenzó Medicare en 1965, nos dijeron que lo relativo al seguro hospitalario costaría 9 mil millones de dólares en 1990. Costó 66 mil millones o más de siete veces lo anunciado.
¿Alguien fue a la cárcel por engañar así a los contribuyentes? Nadie. Pero, ahora los mismos políticos que nos presentaron aquellas cifras fraudulentas, como el senador Edward Kennedy, están volviendo a hacer lo mismo. Lo logran porque el público tiene una corta memoria y los medios raramente se ocupan de recordarnos las falsas proyecciones de los políticos y burócratas.
Si usted considera construir una casa o un edificio industrial, firmará un contrato con un constructor experimentado y confiable, por lo que terminará pagando una cifra muy cercana a lo presupuestado. ¿Por qué no sucede lo mismo en los programas del gobierno?
La nación construye carreteras y puentes desde hace más de un siglo, por lo que debiera haber una gran experiencia acumulada. Pero vea lo que sucede. La autopista central de Boston, apodada “la gran excavación”, estaba previsto que costara 3.200 millones de dólares, pero ahora se estima que terminará costando 14.600 millones, cuatro veces más. Y hay miles de ejemplos similares en todas las actividades del gobierno. Recordemos que cuando los políticos anuncian algo, los beneficios siempre son mayores que el costo. Pero, lamentablemente, la experiencia nos indica que en casi todo lo que hace el gobierno, el costo termina siendo mayor que el beneficio.
El sistema no funciona porque a los políticos les interesa minimizar los costos de sus proyectos, mientras que los burócratas jamás son despedidos o penalizados cuando tales proyectos terminan costando mucho más. El Congreso creó la Oficina General de Contabilidad (GAO) para que informara sobre el cumplimiento financiero de las diferentes entidades del gobierno federal. Todos los años, GAO informa sobre fallas en los controles financieros, pero jamás se despide a los responsables.
Evidentemente que el programa que se está desarrollando para asegurar la ética empresarial y penas de cárcel para los empresarios que engañan al público tiene que ser extendido a los funcionarios públicos. Además, el Congreso debe congelar el presupuesto de todo organismo gubernamental que no presente informes financieros adecuados y auditados.
Debiéramos saber que la verdadera solución para mantener al gobierno honesto es mantenerlo pequeño y así asegurarnos la protección tanto de nuestras libertades como de nuestro bolsillo
© AIPE
Richard W. Rahn es presidente de Novecon Financial y académico asociado del Cato Institute.
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