Según el “Avance del Panorama laboral 2003” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo latinoamericano bajó levemente en el primer semestre de este año al situarse en 11% frente al 11,3% de los primeros seis meses de 2002. De acuerdo con el informe, ese descenso se debe fundamentalmente a la recuperación del trabajo en Argentina.
Pero veamos qué sucede realmente en Argentina, donde la tasa de desempleo bajó cinco puntos respecto a mayo del año pasado (21,5%) y ahora se ubica en 16,5%. El escenario sigue siendo alarmante: de los 3,7 millones de desocupados argentinos, alrededor de 2,5 millones viven de los planes de empleo oficial y muchos otros sobreviven gracias a las organizaciones de caridad. Sumando a los subempleados, casi 5 millones de personas (más de un tercio de la población económicamente activa) tienen problemas de trabajo.
Según una encuesta reciente, para los argentinos el desempleo es aún el problema más importante que debe resolver el gobierno. Es así que cuando se conoció el dato del descenso en la tasa de desempleo, la reacción general no fue de optimismo sino más bien de escepticismo.
La realidad es que de los 364 mil empleos nuevos que se crearon entre octubre de 2002 y mayo de 2003, el 20% corresponde a los planes de empleo oficial; es decir que la economía sólo creó 290 mil puestos netos. Pero además, del total de empleos nuevos el 90% correspondió a asalariados no registrados, pertenecientes a la economía informal.
La elevada tasa de desempleo –que desde 1994 supera el dígito– se debe no sólo a la limitada capacidad de crecimiento de la economía argentina sino también a las múltiples regulaciones legales y controles impositivos que aplica el Estado en materia de empleo.
En esta coyuntura del país la solución al desempleo parece cada vez más lejana porque tal como lo afirman Steve Hanke y Kurt Schuler en el informe del Cato Institute “Declaraciones para la Reforma Económica de la Argentina”: “La solución de largo plazo para el desempleo es el crecimiento económico de un país. Incluso economías que poseen instituciones que obstaculizan la flexibilidad de sus mercados laborales pueden reducir el desempleo a niveles bajos si crecen lo suficientemente rápido”.
Y justamente de lo que carece el gobierno de Néstor Kirchner es de un proyecto económico de largo plazo que haga crecer el país y que cambie el sistema actual de asistencialismo por uno de generación de empleo genuino. Pero además, entre los planes del gobierno figura endurecer aún más el régimen laboral vigente, ya que se propone revisar las reformas que flexibilizaron las condiciones de empleo en los 90.
En efecto, el gobierno buscará aumentar los requisitos para despedir trabajadores –ya ha prorrogado una ley de doble indemnización por despidos hasta fines de este año–; fortalecer el régimen de convenios colectivos de trabajo a través de asociaciones sindicales –cuando la tendencia en el resto del mundo es favorable a la negociación empresa por empresa– y eliminar contratos de pasantías y de aprendizaje –un régimen que ciertamente es útil para los jóvenes que son los más afectados por la falta de trabajo (el 51,2% de los desocupados son jóvenes).
Estas reformas harían mucho más compleja la situación, ya que aumentarán los costos del empleo formal y esto no sólo obstaculizará la creación de nuevos puestos de trabajo sino que también profundizará el proceso de inestabilidad del mercado laboral, un tema crucial en estos momentos debido a que el trabajo informal viene creciendo en el último año y medio, alcanzando actualmente a 4 millones de personas, 47% del total de asalariados.
En lugar de más controles el gobierno debería buscar que bajen los costos laborales que son muy altos tanto para empleados como para empleadores y que origina que a los empresarios les convenga mucho más adquirir tecnología que contratar empleados. En este sentido, según un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de cada 46 dólares que un empleador gasta mensualmente en un empleado llegan a éste menos de 26 dólares y el resto se reparte entre aportes obligatorios a las obras sociales sindicales, aportes previsionales e impuestos.
Paradójicamente, mientras el gobierno argumenta que sus políticas se basan en estimular la demanda y combatir la pobreza, la falta de trabajo es una de las causas fundamentales de la pobreza y de la baja del consumo de los sectores afectados. Lo que sucede es que no siempre las prioridades y las necesidades de los ciudadanos coinciden con las de los políticos y éste parece ser el caso de Argentina, donde, efectivamente no hay nada que festejar.
© AIPE
María del Carmen Bourdin es periodista argentina, directora ejecutiva de la Asociación Sur.
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