La tragicomedia de la Asamblea de Madrid, donde el PSOE ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de llegar al poder –incluidas las falsas acusaciones, el espionaje político y la vulneración de derechos fundamentales–, brindó ocasión a Alberdi para dar la voz de alarma –afirmó que el PSOE hizo el ridículo en Madrid–, exigir responsabilidades –a José Blanco, principalmente, por las falsas acusaciones al PP– y cuestionar abiertamente la actitud de la ejecutiva de Zapatero en torno a este asunto. Y lo que es más importante, la ex ministra ha salido también al paso de los guiños del PSOE al nacionalismo impulsados por Maragall y toda su corte de barones “centrífugos” –como Antic, Iglesias, Elorza, López, Touriño, etc.– que han presentado al cobro las letras que, en afortunada expresión de Aznar en el Debate sobre el Estado de la Nación, Zapatero firmó con ellos.
Alberdi no hace sino incidir en lo obvio cuando, ante las extravagancias de Maragall, reclamó un congreso extraordinario para decidir el modelo de Estado que quiere el PSOE: “No puede ser que cuatro barones se reúnan con Rodríguez Zapatero y luego se apruebe una decisión de esa trascendencia en el Comité Federal, porque esa no es una forma de actuar democrática”. Y, aun a pesar de que, tras la “cumbre” en Santillana del Mar, se han suavizado algunas exigencias de los barones “centrífugos”, Alberdi volvió a insistir en su postura el martes, en los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, donde reclamó una “respuesta unitaria y muy firme” de los partidos constitucionalistas al Plan Ibarretxe, “que rompe las reglas del juego constitucionales”. A lo que Rodolfo Ares, coordinador de la ejecutiva del PSE, ha respondido con la misma cantinela que sirvió de pretexto para defenestrar a Redondo Terreros: a Alberdi y a “contados compañeros del PSE” –refiriéndose a Rosa Díez o a Gotzone Mora, por ejemplo– deberían “preocuparle mucho que sus descalificaciones a la dirección del PSOE coincidan permanentemente con los argumentos del PP”.
Pero nadie podrá poner en duda que la filiación política de Cristina Alberdi ha estado, desde su juventud, en la izquierda. Alberdi ha sido una pionera del feminismo en España, y su trayectoria como abogada y como política ha girado siempre en torno a la defensa de los derechos de la mujer y de las reivindicaciones clásicas de la izquierda en materia social, incluidas la Ley de Parejas de Hecho o la ampliación de la Ley del Aborto, proyectos que intentó llevar a cabo cuando fue ministra de Asuntos Sociales en el último gobierno de González. Y, aunque su militancia en el PSOE es relativamente reciente (desde finales de 1995, precisamente cuando el socialismo era ya un valor en baja), los cargos que ha ocupado –primera mujer vocal del CGPG, ministra de Asuntos Sociales, presidenta de la FSM y miembro de la junta gestora que dirigió el PSOE desde la dimisión de Almunia hasta la elección de Rodríguez Zapatero en el 35 Congreso– la avalan, cuando menos, como una voz autorizada, nada sospechosa de oportunismo y, por tanto, a tener en cuenta en el seno del PSOE.
Quizá sea por esto último por lo que Cristina Alberdi ha podido sustraerse a la ley del silencio que impera en el PSOE y que amordaza a muchos de sus cargos y militantes que carecen de su relieve. Porque es obvio que la ejecutiva de Zapatero preferiría que Alberdi, quien se ha convertido en los últimos meses en la voz de la conciencia de un PSOE a la deriva, guardara silencio: el nombramiento de Carme Chacón como portavoz del PSOE –cargo que ejercerá durante los próximos nueve meses, cuajados de citas electorales– no es sino una confirmación de la hipoteca que Zapatero mantiene con Maragall. Chacón, del sector de Montilla-Maragall en el PSC y miembro de su ejecutiva, es “especialista” en federalismo-separatismo en su versión quebequesa. Y no hay que olvidar que quien la ha propuesto para el cargo –antes inexistente en el PSOE– fue José Blanco, ausente, por cierto, de la escena política desde el fiasco de Madrid; del cual, a todas luces, es directamente responsable... aunque no parezca que vaya a asumir ninguna responsabilidad política por ello, como también exigió Alberdi.
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