Durante más de seis meses, la Asamblea Nacional venezolana fue incapaz de elegir a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para así poner en movimiento la salida electoral que casi todo el país reclama: el referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez. Ante el agravamiento de la crisis política provocada por esa parálisis institucional, el Tribunal Supremo de Justicia se decidió por fin a actuar y nombró a los funcionarios a cargo del control de las próximas consultas. Lo hizo con bastante ecuanimidad, inclinando la balanza sólo ligeramente hacia el lado del gobierno, lo que ha contribuido a que el clima de confrontación que vivimos sea ahora menos tenso. Pero sería ingenuo suponer que esta medida, por sí sola, haya alejado los graves peligros que se ciernen sobre el país.
Si bien la reacción general ante estos nombramientos ha sido sensata y moderada, el presidente Chávez y algunos de sus hombres de confianza han respondido de un modo tal que presagia nuevas dificultades y muestra la desesperación que se comienza a sentir en las esferas más comprometidas con la llamada Revolución Bolivariana. La resistencia a una salida electoral tiene, por ahora, dos ejes principales de acción.
Por una parte, Chávez y sus seguidores se empeñan en descalificar la amplia mayoría que se ha levantado en su contra. Con argumentos pueriles y rebuscados insisten en que las firmas que solicitan el referéndum –más de tres millones que ya reposan en las oficinas del CNE– no son válidas y no tienen efecto legal alguno, objetan todos los puntos del procedimiento y se empeñan en señalar que esa consulta ciudadana nunca se llevará a cabo. Han comenzado, inclusive, a realizar campaña para las elecciones de gobernadores a realizarse en julio del año que viene.
Con esta actitud de negación de la realidad, el chavismo muestra su completa orfandad política: ¿de qué sirve negar la validez de las firmas si la oposición, en un par de días, puede volver a reunir varios millones para convocar el referéndum y hasta hacer del evento un gigantesco acto de afirmación política? ¿Para qué retrasar o tratar de impedir unos comicios que, según ellos, ganarían con facilidad? El caso es que esta actitud de rechazo sólo sirve para mostrar un hecho incontrovertible: Chávez sabe que por la vía electoral está perdido, que el referéndum lo derrotará por aplastante mayoría, más amplia aún que la que pronostican las encuestas porque, cuando se perciba que esté a punto de perder el poder, los indecisos se volcarán contra él y los tibios lo abandonarán.
Por eso la segunda línea de acción, la de la confrontación abierta, que ha ensayado en estos días cuando, vestido con un uniforme militar de campaña, ha proferido terribles amenazas contra la oposición. Chávez ha dicho a los reservistas del ejército –a los que está organizando para que lo mantengan en el poder– que deben apuntar “sus fusiles al pecho de la oligarquía traidora”, destacando que su revolución tiene el apoyo de las fuerzas armadas y amenazando, de paso, a los medios de comunicación y a los gobernadores de oposición, con acciones de fuerza. Este lenguaje incendiario es un recurso más destinado a crear un clima de amedrentamiento y de terror, con el objetivo expreso de mantenerlo indefinidamente en el poder. Pero para quienes vivimos en Venezuela esto no resulta creíble: Chávez no puede disponer de las fuerzas armadas para sus propios fines porque no tiene suficiente control sobre ellas. Es casi imposible que los militares lo sigan en alguna aventura insensata que tenga por objeto impedir las elecciones o desconocer sus resultados.
Pero tampoco podemos ser exageradamente optimistas: en algún momento el ex golpista tratará de evitar por cualquier medio –legal o ilegal, pacífico o violento– que la mayoría de los venezolanos le quiten un poder al que todavía se aferra con desesperación.
Carlos Sabino es corresponsal de la agencia © AIPE en Caracas.
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