Aun a pesar del clamoroso ridículo que el PSOE ha hecho en la Comunidad de Madrid a cuenta de la inexistente “trama inmobiliaria” –como no sea la de la FSM...–, Zapatero se obstina en atacar al PP por el flanco inmobiliario, acusándolo de promover la especulación del suelo. Concretamente, ha acusado a Aznar y al gobierno del PP, en el marco de una jornada “Contra la especulación del suelo” en el Congreso, de haber desmantelado todos los resortes legislativos y judiciales que la evitaban.
Antes que nada, es preciso aclarar que la especulación propiamente dicha no es un mal en sí misma: al contrario, es el único instrumento eficaz para afrontar la incertidumbre del futuro –como, por ejemplo, la evolución de la Bolsa o la de la producción agrícola–, cuando éste no depende directamente de las decisiones de los políticos. Porque si depende, no cabe tanto hablar de especulación como de cabildeo o incluso de corrupción. El gobierno del PP intentó liberalizar todo el suelo nacional, salvo el de interés ecológico, declarándolo urbanizable. Esta era y sigue siendo la mejor forma, en primer lugar, de poner coto a los “especuladores”; en segundo lugar, de detener la escalada de los precios de la vivienda; y en tercer lugar, no menos importante, de cegar quizá la principal fuente de corrupción política y de financiación ilegal de partidos políticos.
Sin embargo, el PSOE, junto con CiU, recurrió la Ley del Suelo del PP ante el Tribunal Constitucional; el cual, en uno de sus fallos más desafortunados, dio la razón a los recurrentes porque la ley “invade competencias autonómicas”. Pues bien, Zapatero sostiene que la Ley del Suelo del PP, junto con el “abandono” de la construcción de vivienda social, han contribuido notablemente a la especulación inmobiliaria. Si se refiere a la, a instancias suyas, mutilada Ley del Suelo, es preciso admitir que tiene razón; pero en tal caso, el responsable sería él y su partido, no el PP. En cuanto a la vivienda social –recuérdense las 50.000 “viviendas sociales” cuya construcción Simancas iba a adjudicar a los de la trama de la FSM– es evidente que el número de viviendas que pueden construirse por debajo de los precios de mercado con subvención del erario público o con cesiones gratuitas de terrenos, es francamente limitado. Máxime cuando la normativa y las calidades exigidas para las viviendas de protección oficial muchas veces reducen tanto el margen de beneficio de las inmobiliarias que no es rentable construirlas.
Pero donde Zapatero ya entra de lleno en el más pedestre cinismo es cuando acusa al PP de “maniatar a los fiscales que pretendían investigar las irregularidades urbanísticas”. “No vamos”, dice, “a estar en un Pacto que degrada el servicio público” y que el Gobierno “usa para manipular a los tribunales”. Si el Pacto por la Justicia “degrada el servicio público”, lo lógico es que no lo hubiera firmado. Ahora bien, si por “degradar” el servicio público y por “maniatar a los fiscales” se entiende, en cumplimiento del nuevo Estatuto Fiscal fruto del Pacto, el cese de Villarejo o de Mariano Fernández Bermejo y de Emilio Valero, auténticos comisarios políticos del PSOE ad eternum –y muy orgullosos de serlo, como han dado a entender muchas veces– en la Fiscalía, la broma llega ya demasiado lejos.
Y es que ya llueve sobre mojado. El PSOE, durante su larga etapa de gobierno, se especializó en la politización –so pretexto de una antidemocrática “depuración de franquistas”– de las principales instituciones del Estado, incluidas las entonces empresas públicas. Una politización cuyos efectos, atenuados en algunos casos, duran hasta el presente: el CGPJ, el Tribunal Constitucional –caso Rumasa, por ejemplo–, la Educación, el Tribunal Supremo con Bacigalupo, la Fiscalía Anticorrupción con el recientemente cesado –ahí les duele– Jiménez Villarejo, etc. Es comprensible que Zapatero, como insinuó hace unos días, se resista a perder los “espacios de poder” en la Justicia que le legó González. Pero el Pacto que firmó estaba dirigido, en principio, precisamente a eso: a eliminar los “espacios de poder” –ya sean los del PSOE, la inmensa mayoría, o los del PP–, en aras de la credibilidad de la institución.
Por desgracia, en el PSOE está muy arraigada –es ya casi una tradición– la concepción netamente totalitaria de que si los socialistas no controlan el poder y las principales instituciones del Estado, no hay verdadera democracia ni libertad. Puede que muchos de ellos lo crean y lo deseen. Pero no es tan sencillo convencer de ello a la mayoría de los ciudadanos, sobre todo cuando han podido comprobar los resultados de esa vis totalitaria que con toda nitidez y descaro expresó Calviño cuando se hizo con las riendas de RTVE en 1982, entonces la única televisión de España: ya es hora de que la mayoría social expresada en las urnas se plasme en RTVE. Y así con todas las instituciones.
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