José Blanco, el secretario de organización del PSOE, abrió un expediente disciplinario a Cristina Alberdi por “seguidismo del PP” en la cuestión nacional, por criticar la radicalización del PSOE y por denunciar los manejos de Rafael Simancas y Ruth Porta en la FSM, así como sus patrañas –amparadas por el propio Blanco– sobre la “trama inmobiliaria”. Como dijo Alberdi, no es propio de un partido democrático perseguir a quienes discrepan de la línea política de la Ejecutiva. Aunque es cierto que, una vez fijada una “línea oficial”, los militantes de un partido deben acatarla por imperativo de la lealtad –o al menos no criticarla en público–, no es menos cierto que esa “línea oficial”, cuando afecta a cuestiones de capital importancia como son el modelo de Estado o las alianzas estratégicas con otras fuerzas políticas, debe fijarse en un Congreso extraordinario. Algo que, por cierto, también exigió Alberdi, quien afirmó que el modelo de Estado del PSOE no podían decidirlo “cuatro barones que se reúnan con Rodríguez Zapatero”, porque “esa no es una forma de actuar democrática”.
Con todo, todavía podría comprenderse –aunque sería difícilmente defendible desde el punto de vista de la democracia interna que la Constitución exige en el funcionamiento interno de los partidos– que Blanco y Zapatero hayan arremetido contra Alberdi si al menos existiera en el PSOE una “línea oficial” coherente y claramente definida en las principales cuestiones de la política nacional. Nada más lejos de la realidad sin embargo: la dirección del PSOE defiende ahora el déficit cero ma non troppo –algo así como defender las circunferencias “no demasiado redondas”– mientras mantiene abierto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que lo consagra. Pretende ganar el voto del centro y, al mismo tiempo, se muestra dispuesto a pactar con Izquierda Unida –el partido de Madrazo– casi a cualquier precio cuando es necesario completar alguna mayoría. Acusa –sin fundamento– al Gobierno de subir los impuestos y, al mismo tiempo, se opone a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones. Critica la inseguridad ciudadana y, al mismo tiempo, propone suprimir la Guardia Civil...
Puede entenderse –aunque no justificarse– que Zapatero deje obrar a Maragall en Cataluña como una especie de virrey independiente para proponer auténticos disparates incompatibles con la Constitución, aprovechando la turbia estela de Ibarretxe. Al fin y al cabo, Maragall es un peso pesado dentro del PSOE y Zapatero le debe a él –también a Balbás y Tamayo– la secretaría general. Y además, en Cataluña hace ya más de veinte años que dejó de existir el terrorismo nacionalista, por lo que los catalanes, aun a pesar del asfixiante atmósfera impuesta por los gobiernos de CiU, todavía pueden elegir libremente. Sin embargo, lo que resulta realmente incomprensible e injustificable es que Zapatero se obstine en negarse a pactar una estrategia común con el PP en el País Vasco. Es más, remitiéndonos a los hechos, podría decirse que la única “línea oficial” de Zapatero y su Ejecutiva es marcar todas las distancias posibles con el PP. Precisamente y, sobre todo, en la cuestión nacional; donde, desde Estella y desde la Declaración de Barcelona, ya no queda “tierra de nadie” donde fijar una posición “independiente”, pues los nacionalistas la han ocupado toda, traspasando los vascos incluso la frontera que separa la legalidad de la ilegalidad.
No se puede llegar a acuerdos contra la hegemonía nacionalista en las corporaciones locales y, al mismo tiempo, desvirtuarlos –como hace Javier Rojo– en las Juntas de Álava. No se puede estar contra el plan Ibarretxe y seguir insistiendo en una inexistente equidistancia entre la legalidad y la ilegalidad que sólo beneficia a los nacionalistas. No puede haber margen para “proyectos diferentes” –como reclama Rodolfo Ares, el portavoz del PSE-EE– mientras no esté garantizado lo esencial. Y, sobre todo, no tendría que haber sitio en el PSOE para gentes como Odón Elorza, quien “vomita” cuando hablan Redondo Terreros, Gotzone Mora o Rosa Díez –a quienes jamás igualará en talla política y humana– mientras presume sin pudor de que ofreció las mejores concejalías del Ayuntamiento de San Sebastián a Román Sudupe (PNV) –quien, por cierto, lo ha desmentido–, en lugar de ofrecérselas a María San Gil (PP). ¿Cuándo se decidirá José Blanco a abrirle a Elorza otro expediente como el que le abrió a Alberdi? ¿Es que acaso son imprescindibles este tipo de personajes en el PSE? ¿O es que, en realidad, el único “crimen político” imperdonable en el PSOE es coincidir en lo necesario y evidente con el PP?
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