De todos los partidos políticos con representación parlamentaria, sólo el PP tiene medianamente claro que no conviene reformar la Constitución. Sin embargo, cuando se trata de oponerse con firmeza a las veleidades de la Oposición, que ha reclamado en bloque un debate sobre el futuro de nuestra Carta Magna aprovechando su veinticinco aniversario, parece que flaquean las convicciones de algunos líderes populares. Manuel Fraga ya manifestó en Gredos que sentía una “necesidad intelectual” de reformar la Constitución, por lo que, a su entender, habría que ir acumulando proyectos de reforma para debatirlos cuando la situación política se clarificase. Y el lunes, Luis de Grandes, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, si bien señaló que era inoportuno, de mal gusto y “contrario a la tradición” convertir el pleno conmemorativo del 6 de diciembre presidido por sus Majestades en un debate sobre la reforma y el futuro de la Constitución, no excluyó esa posibilidad una vez pasado el aniversario de la Carta Magna.
Pero la reforma de la Constitución no es, ni mucho menos, la preocupación prioritaria de la inmensa mayoría de los españoles. Sobre todo cuando los nacionalistas vascos pretenden convertirla en papel mojado con el plan Ibarretxe o cuando Maragall quiere que tomemos en serio sus ocurrencias “imperialistas”. Más bien, habría que aprovechar el redondo aniversario para exigir el cumplimiento íntegro del texto constitucional. Por ejemplo en lo que toca a la competencia de inspección educativa del Estado en las “comunidades históricas”, donde se reinventa la Historia al gusto nacionalista para adoctrinar a escolares, bachilleres y universitarios en el desprecio o el odio a España y donde se emplean el euskera o el catalán como palancas para la construcción de la “identidad nacional”. Tampoco estaría de más plantearse la recuperación de competencias propias del Estado cedidas a comunidades incapaces de administrarlas. Y en las circunstancias actuales, no sería del todo inoportuno recordar que el Art. 155 está precisamente para aplicarlo a quienes quieren saltarse a la torera nuestra ley fundamental que, no hay que olvidarlo, fue fruto de un amplio consenso en el que destacó el muy generoso trato que recibieron las sensibilidades nacionalistas.
Por ello, es triste comprobar que los nacionalistas y quienes pretenden prosperar al rebufo de sus desafíos no contemplan otro tipo de reformas que no sean las que tiendan a diluir la unidad nacional y a otorgar más poder a quienes jamás se contentarán con otra cosa que no sea la desmembración de España y la consiguiente extinción de las libertades democráticas en sus pedazos dispersos. Pero puestos a plantear y debatir reformas inoportunas y descabelladas, ¿por qué no proponer como alternativa en el veinticinco aniversario de la Constitución la supresión de las comunidades autónomas o una rebaja sustancial de sus competencias? No cabe duda de que, respecto de la situación actual, muchísimos ciudadanos de las comunidades históricas, especialmente los del País Vasco, saldrían ganando con ello. Como propuesta, sería al menos tan respetable y digna de consideración –o tan inverosímil y nefasta– como las que provienen de nacionalistas y asimilados. Aunque con la diferencia de que al menos serviría como aldabonazo para recordar algo que empieza a olvidarse peligrosamente, incluso en las filas del PP: La Constitución, hoy como hace veinticinco años, es el punto de encuentro entre dos formas –el centralismo y el cantonalismo– de entender el ejercicio de la soberanía, la cual pertenece a la nación española exclusivamente y ha de poder reivindicarse sin complejos en el momento en que victimismos, hipotecas sentimentales o proyectos de utopías tribales totalitarias quieran ponerla en cuestión.
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