Las cuestiones de defensa nunca han sido prioritarias en los programas electorales en España. Es más, en las campañas los temas militares no sólo resultan intrascendentes, sino que en muchos casos pueden resultar además contraproducentes. Pero que no se hable no significa necesariamente que no se piense. Es más, con un PSOE instalado en la incoherencia de pretender modernizar las fuerzas armadas y recortar simultáneamente el presupuesto de defensa, con su única fe puesta en una defensa europea que aún no existe y haciendo un juego insensato de antiamericanismo visceral, el PP tiene la oportunidad de hacer un planteamiento riguroso que refuerce aún en mayor medida su imagen como la única opción de gobierno sensata y fiable.
Pero más allá de los programas electorales hay tres problemas graves en el campo de la defensa y la seguridad que el próximo gobierno deberá afrontar con decisión: la carencia de un instrumento adecuado de planificación y gestión de crisis; la insuficiencia de capacidades de nuestras fuerzas armadas en el nuevo escenario estratégico y la necesidad de constituir una reserva de seguridad.
En primer lugar, el Presidente del Gobierno debe contar con un instrumento que permita coordinar los distintos instrumentos de seguridad –fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia– que existen en nuestro país frente a amenazas globales como el terrorismo. Este órgano debería también asegurar la capacidad de gestionar una crisis de forma adecuada y oportuna. Finalmente, vigilaría que las directrices del Presidente en materia de seguridad nacional se cumplen por parte de los distintos departamentos implicados. Las últimas crisis han puesto de manifiesto de forma contundente la necesidad de un instrumento de estas características.
En segundo término, es imprescindible mejorar las capacidades de combate y proyección de nuestros ejércitos. El nuevo presidente se dará cuenta de que el protagonismo internacional de España tiene como limites su incapacidad para aportar unidades de combate significativas en cualquier escenario de conflicto futuro e incluso que su posibilidad de ofrecer fuerzas de pacificación post-conflicto están muy restringidas en número. Con esos mimbres será difícil que España pueda aspirar a una mayor relevancia estratégica ya sea en el ámbito europeo o de la Alianza Atlántica.
En tercer término, nuestro país necesita dotarse de una fuerza de seguridad interior de reserva que permita tanto proyectar este tipo de unidades para garantizar la seguridad y estabilidad en las misiones de paz como asegurar una adecuada capacidad de reacción antes crisis que puedan surgir dentro de nuestro propio territorio, ya sea una amenaza inminente de un atentado hiperterrorista, una nueva “marcha verde” o una situación de crisis en el País Vasco. En este sentido, sería necesario que las unidades de reserva de la Guardia Civil, compuestas actualmente por unos dos mil efectivos, crecieran de forma significativa.
Es dudoso que anunciar propuestas de este tipo puedan tener un coste electoral, pero en cualquier caso es evidente que resulta necesario hacerlas si se quiere seguir garantizando de forma adecuada la defensa de nuestro país y la seguridad de nuestros ciudadanos frente a las amenazas emergentes que nos acechan.
GEES: Grupo de Estudios Estratégicos.
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