Dimas Martín Martín, el “Padrecito de Lanzarote”, podrá elegir esta semana, desde su escaño, a uno de los magistrados penalistas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se dispone a juzgarlo por malversación de fondos públicos y fraude a Hacienda y la Seguridad Social. La necesidad de cubrir una vacante en la sala donde se instruye una petición del fiscal de catorce años de prisión y quince de "inhabilitación absoluta" para él, le permitirá participar en el acuerdo de sus socios de CC (Coalición Canaria) y PP para proponer al nuevo magistrado. Según se concluye del informe del Ministerio Fiscal, el líder del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) puso en marcha, en 1989, un megalómano cártel agrario y pesquero, que utilizó como una burda tapadera para el robo y el fraude a gran escala, con fondos del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Teguise (del que fue alcalde entre 1983 y 1991).
Don Dimas tiene en suspenso una condena a tres años de cárcel y cinco de inhabilitación por comprar a un concejal de Arrecife en 1995, al que entregó 72.000 euros, un salario mensual de 1.800 y el cargo de concejal de Tráfico, a cambio de su decisivo apoyo a una moción de censura patrocinada por el cacique. De aquel golpe dijo el Tribunal Supremo: "Es innegable la existencia de un acto injusto, conseguido a través de unas maniobras que repugnan a los principios de justicia, lealtad y buena conducta que deben presidir las relaciones de los representantes con sus representados en una sociedad democrática", y también que "en un sistema democrático no hay espacio posible para la corrupción".
La petición de indulto de Don Dimas aguarda en la antesala del Consejo de Ministros desde hace dos años. Ha sido tan buen chico para CC, como puede llegar a serlo con el PP en las próximas Generales. Si apoyó la investidura del nacionalista Adán Martín como presidente de la región (gracias a un auto de la Audiencia Provincial que le permitió concurrir en las autonómicas del pasado 25-M), puede el próximo marzo impedir que CC se haga con el segundo escaño por la circunscripción provincial de Las Palmas y, como consecuencia, poner el quinto en bandeja al PP, una goleada electoral en las islas orientales, soñada por José Manuel Soria. Todo indica que la medida de gracia quedará para un probable Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Además, ahora no es un buen momento para nuevas impunidades por corrupción política. Con Los Albertos, el cupo de alarma y de inseguridad jurídica está a rebosar.
El hijo de Sinforiano y de Caridad se ha convertido en Don Dimas para todo conejero (tal es el gentilicio coloquial de los naturales de Lanzarote) temeroso de Dios. El Partido Socialista se siente ahora solo en el escándalo porque este delincuente entre en el Parlamento y se le permita elegir a quien deberá juzgarlo. Los socialistas han enviado al Consejo General del Poder Judicial toda la documentación penal del preboste, exigiendo un pronunciamiento sobre la actuación de los jueces locales que le permitieron concurrir en la última consulta electoral. Puro fariseismo, claro, pues el PSOE ha hecho todos los tratos que ha podido con el PIL de Don Dimas. Sin ir más lejos, en el pasado mandato, los socialistas tomaron la presidencia del Cabildo y participaron en el Gobierno municipal de Arrecife gracias a mociones de censura tramadas en opíparas veladas en el yate y otros sultanescos dominios del Padrecito de Lanzarote.
Ercros, y con ella su último presidente, José Piqué, vuelven a aparecer implicados en un proceso contra Don Dimas. La Fiscalía Anticorrupción ya indagó, sin resultado (como de costumbre), en la venta, por parte de la disuelta minera, de más de un millón de metros cuadrados de suelo tasado en 500 millones de antiguas pesetas, por sólo cinco, a una empresa fantasma, representada por la secretaria particular de Dimas Martín. En el caso de la quiebra del cártel agroindustrial de Teguise, en cuyo sumario deberá intervenir el magistrado que proponga esta semana el Parlamento regional (con los votos del propio acusado, de CC y de PP), se trata, entre otros delitos, de esclarecer la desaparición de 200 millones de pesetas entregados por Ercros a la empresa municipal y volatilizados de ésta. Supuestamente, fue el pago por la ejecución de obras en un campo de golf, obras que nunca se realizaron y que ni siquiera eran objeto de la actividad de una empresa registrada sólo para el comercio agrario y pesquero.
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