No es bueno, por principio, judicializar la política ni politizar la justicia, aunque hay ocasiones en que se vuelve inevitable. Una de ellas es el posible encausamiento de Hugo Chávez en la Audiencia Nacional española por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. En enero de este año, un grupo de abogados venezolanos interpusieron esta acción criminal en defensa de los intereses de víctimas españolas de la brutal represión política de Chávez, pero su intención superaba con creces esos intereses particulares. Su deseo es deslegitimar aún más a Chávez, robándole parte de los últimos apoyos del régimen, sobre todo entre los militares, y favorecer, así, un proceso de transición.
En marzo, la Audiencia Nacional decidió inhibirse de esta causa, por considerar que la inmunidad de Chávez estaba por encima de los crímenes denunciados pero, al admitir que existían indicios suficientes para abrir una investigación, se inclinó por remitir el caso al Tribunal Penal Internacional. Los denunciantes apelaron y el martes pasado tuvo lugar la vista oral para revisar la decisión inicial del juez instructor de la Audiencia Nacional. En el plazo de un mes se tomará una decisión final.
Es importante recordar no sólo la brutalidad y la estrategia de intimidación y terror que Chávez ha mantenido contra sus opositores y contra más de la mitad de la población que se inclina por poner fin a su poder. Sólo entre los militares Chávez encuentra una base de apoyo relativamente firme pero que podría comenzar a tambalearse si se le privara al presidente venezolano de la legitimidad internacional que hoy disfruta. Si Chávez fuera procesado ahora perdería la endeble auctoritas que aún le queda. Aún más, si fuera procesado en España, muchos venezolanos, con fuertes vínculos con nuestro país, no sólo le verían definitivamente perdido, sino que recuperarían la imagen de una España que lucha por su bienestar y futuro.
Es comprensible que el fiscal no quiera involucrar a España en un proceso que puede suponer una escalada aún mayor de la violencia verbal contra nuestro Gobierno por parte de Hugo Chávez y un riesgo para los intereses nacionales en Venezuela. Pero entre la persecución y el apaciguamiento caben algunas otras alternativas. Por ejemplo, el envío urgente e inmediato de la causa al Tribunal Penal Internacional. Pero también en la esfera pública se puede y debe hacer algo: Chávez es un problema estratégico para la seguridad jurídica y política en la región. No sólo da cobijo y ayuda a la narcoguerrilla de las FARC como método de presión sobre la Colombia de Uribe, sino que se ha convertido en el balón de oxígeno de un Castro momificado en el poder de La Habana, gracias al regalo de 55 mil barriles de petróleo todos los días. Chávez castiga a la comunidad internacional incidiendo directamente con su producción de crudo en el precio del petróleo. Por no mencionar los horrores que inflige a su propia población.
Que Chávez no debe seguir al frente de Venezuela es obvio. Ha llegado el momento de que España se plantee lo que debe y puede hacer para contribuir a ello. Un primer paso se dirime en pocos días en la Audiencia Nacional.