El hecho de que este domingo los madrileños tengan que ir a las urnas otra vez para decidir quiénes administrarán la comunidad más próspera y dinámica de España, no se debe sino a la situación de caos, luchas internas y desorientación general que vive el PSOE, del que la FSM es y ha sido siempre nítido reflejo. Los españoles, especialmente los madrileños, han podido comprobar cómo una mera crisis interna del PSOE madrileño se ha transformado, por la mala fe y la incompetencia de Simancas, Blanco –desaparecido "en campaña"– y el propio Zapatero, en una crisis institucional cuya única salida ha sido una nueva convocatoria electoral. Cerrada ya la campaña y en espera del veredicto de las urnas, el PSOE no ha sido capaz de presentar las contundentes pruebas sobre la "trama inmobiliaria" que habría estado, según Simancas y Zapatero, detrás de la deserción de Tamayo y Sáez –quienes, por cierto, concurren a estas elecciones con un partido propio que pretende ser una escisión del PSOE.
En cambio, quizá lo más positivo de la tediosa Comisión de Investigación –en la que supuestamente la coalición PSOE-IU iba a demostrar la corrupción de Tamayo y Sáez a manos de empresarios inmobiliarios afectos al PP– es que los ciudadanos han podido ver con sus propios ojos –a través de Telemadrid, que batió récords de audiencia retransmitiendo en directo las principales comparecencias– el lado oscuro y habitualmente oculto de la política y de los políticos, la falta de preparación de algunos de ellos para ejercer competentemente un cargo público, sus luchas cainitas por el poder dentro y fuera del partido y los lucrativos negocios que prosperan a la sombra del poder. Especialmente en lo que toca al PSOE: las 50.000 viviendas "apalabradas" por Simancas con Agecovi y el matrimonio Porta-Mamblona de telón de fondo, el cual, según numerosos indicios y testimonios, ha practicado la extorsión política con militantes y cargos públicos socialistas renuentes a favorecer sus tesis políticas o sus negocios inmobiliarios.
Aunque no quepa afirmar que el PP haya salido incólume de este trance –pues aun quedan por explicar, por ejemplo, las razones del sospechoso "olvido" de Romero de Tejada respecto de la copistería que cotizaba por él a la Seguridad Social–, lo cierto es que la operación "ventilador" montada por Zapatero, Blanco y Simancas para manchar la reputación del PP –donde se han violado flagrantemente derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones– no sólo ha sido un rotundo fracaso, sino que ha acabado erosionando aún más la credibilidad de Simancas –quien tuvo la osadía de exigir transparencia patrimonial a los diputados del PP mientras que él mismo mentía descaradamente a la opinión pública sobre el volumen de su patrimonio– y del PSOE, el cual ha mostrado su intransigente sectarismo contra las críticas de sus militantes, como Cristina Alberdi.
A todo este poco edificante espectáculo –que impulsó a Zapatero a intentar sustituir a Simancas por Gregorio Peces Barba–, se une el hecho de que, ni el 25 de mayo ni el 26 de octubre, el PSOE ha sido capaz de presentar un programa que contemple soluciones a los problemas y necesidades reales de los madrileños. Hipotecado por IU, Simancas ha remitido al día después de las elecciones para concretar las líneas de su política. Sin embargo, de lo poco que ha avanzado en la campaña electoral, puede deducirse fácilmente que Madrid dejaría de ser en breve plazo la comunidad más próspera y dinámica de España: guerrismo rancio traducido en hostilidad hacia los empresarios, restricciones de los horarios comerciales, paralización de obras públicas imprescindibles para el crecimiento de Madrid –como en la era Leguina-Mangada–, congelación de los conciertos con la enseñanza privada y aún más restricciones al mercado inmobiliario en beneficio de la promoción pública (Agecovi), que muy probablemente dificultarían aún más el acceso a la vivienda. Ante este panorama, no es de extrañar la caída del PSOE en las últimas encuestas de intención de voto, agravada tanto por los escándalos del pasado verano como la necia insistencia de Simancas en la famosa "trama" y en presentarse como víctima de una crisis que él mismo provocó con su soberbia, su incompetencia y su ansia indisimulada de poder a cualquier precio.
Han sido precisamente las encuestas las que han obligado a Simancas a moderar un tanto su discurso en la última semana de campaña, evitando las referencias a la "trama" y proponiendo el caramelo electoral del transporte gratuito para jóvenes y jubilados. Pero es fácil advertir que se trata de una propuesta demagógica a la desesperada –ni siquiera Fausto Fernández la veía viable– porque, ni qué decir tiene, el "gratis total", como la teoría económica y la experiencia han demostrado, es la mejor forma –y la más rápida– de arruinar un servicio público, tanto en lo que toca al capítulo económico como a la calidad del servicio. Para acabar de arreglarlo, su eslogan de campaña, para que gane la democracia, mezclado con surrealistas intoxicaciones y juicios de intenciones acerca de un imaginario "pucherazo" que el PP intentaría cometer este domingo –"tesis" que comparte su socio, Fausto Fernández–, es a estas alturas, además de una infamia impropia de quienes dicen defender la democracia, un insulto a la inteligencia de los madrileños.
Si Simancas no se hubiera obstinado en competir por el espacio electoral de Izquierda Unida, se habría dado cuenta de que los madrileños ya no viven en 1980, sino en el siglo XXI. Y su única esperanza este domingo es que los votantes del PP se queden en casa convencidos de una probable –aunque no claramente decidida– victoria de Esperanza Aguirre. Pero la candidata popular, a pesar de no haber realizado una campaña especialmente brillante, tiene a su favor, además del pavor que produce en el votante de derecha –y en no pocos de la izquierda moderada– la radicalizada coalición PSOE-IU, un programa definido, que consolida los logros de la gestión de Gallardón con una batería de propuestas compatibles con las necesidades del desarrollo futuro de Madrid –como la ampliación de las líneas de Metro–, con la viabilidad de los servicios públicos –construcción de hospitales– y con la rebaja de la presión fiscal –eliminación gradual del Impuesto de Sucesiones. Además, la avalan la coherencia y honradez política mostrada en todo el episodio de la crisis de la Asamblea, donde dejó claro desde el primer momento que no se valdría en ningún caso de los votos de Tamayo y Sáez para gobernar, como sí hizo Leguina con el tránsfuga Piñeiro.
En cualquier caso, serán los madrileños, quienes ya tienen sobrados elementos de juicio, los que decidan este domingo el gobierno que tendrán los próximos cuatro años. Y, al mismo tiempo, también decidirán la que será primera batalla electoral decisiva en el camino hacia las Generales. Especialmente para Zapatero, pues en estas elecciones –recuérdese cuánto insistió en que Madrid era la antesala de La Moncloa–, y en las catalanas del próximo noviembre, se juega su futuro político inmediato.