Tras 25 años de hacer y deshacer a su antojo en el País Vasco bajo una careta de moderación y respeto por la legalidad, los nacionalistas vascos han desarrollado una conciencia de impunidad en todos sus actos, “legitimada” por un delirante victimismo sistemático, que ha subsistido aun después de que se quitaran en Estella esa careta con la que han engañado, extorsionado y traicionado a todos los gobiernos de la democracia. Tanto es así que los Ibarretxe, Imaz y Egibar, así como sus socios de EA y de IU, ya son incapaces de concebir otro escenario político que no sea el de la plena e incontestable hegemonía nacionalista en el marco de unas instituciones hechas a su imagen y semejanza, donde se “tolera generosamente” a los no nacionalistas del mismo modo que en el siglo XVII se “toleraba” a los judíos.
De este modo, el plan Ibarretxe no es otra cosa que el intento de ratificar por una vía pseudolegal lo que ya constituye casi una realidad de hecho: el apartheid de los no nacionalistas en el seno de una sociedad política que no se funda en la definición de los derechos del ciudadano frente al poder político, sino en la fórmula totalitaria de los “derechos del pueblo vasco”, de los que los nacionalistas se constituyen en intérpretes únicos. Sólo desde esa visión mesiánico-totalitaria impregnada de una férrea voluntad de poder, y teniendo en cuenta la larga impunidad de la que han gozado los nacionalistas en su constante desafío y desprecio a España y sus instituciones, puede entenderse que el Gobierno vasco continúe obstinándose en saltarse a la torera la legalidad de la que emana su poder y sus competencias.
Sin embargo, ese mesianismo y esa conciencia de impunidad, son también, precisamente, la principal debilidad de los nacionalistas, pues les han hecho perder completamente el sentido de la realidad. Aunque tarde –con al menos veinte años de retraso–, el Gobierno, las instituciones y la sociedad española han empezado a reaccionar contra el desafío nacionalista. Los representantes políticos de la mayoría de los alaveses han dejado claro que no desean tomar parte en los delirios de Ibarretxe –recuérdese que los titulares de los fueros y derechos históricos son las provincias vascongadas, y no el Gobierno vasco– y han recurrido por la vía administrativa el proyecto de “Estado Libre Asociado”. Por su parte, el Gobierno anunció el viernes que recurrirá por la vía del Constitucional el plan Ibarretxe; el cual, según la abogacía del Estado, incumple la ley fundamental en 104 puntos.
Y quizá lo más importante a efectos prácticos: dos de las principales empresas españolas con sede en el País Vasco –BBVA e Iberdrola– han subrayado recientemente su absoluta lealtad a Constitución y han anunciado su intención de trasladar sus sedes a Madrid en el caso de que llegara a prosperar el plan Ibarretxe. No hay que olvidar que estas dos empresas, verdaderas “multinacionales” españolas, tributan en las haciendas forales vascas por el Impuesto de Sociedades... y que esa tributación supone decenas de miles de millones de antiguas pesetas para las arcas de Ibarretxe. Además, el Círculo de Empresarios vascos, a raíz de la toma de posición de BBVA e Iberdrola, también ha subrayado su lealtad con la legalidad vigente, advirtiendo de que el plan Ibarretxe ahondaría la actual división social y el enfrentamiento institucional. Es decir, muchas empresas con sede en el País Vasco podrían adoptar la misma decisión que BBVA e Iberdrola han anunciado, de triunfar las tesis de los nacionalistas.
Cualquier proyecto político, razonable o descabellado, para ser viable a medio plazo necesita el apoyo expreso o tácito de los sectores más dinámicos de la sociedad; es decir, de quienes producen la riqueza y las ideas sobre las que se sustenta esa sociedad. Ningún régimen o gobierno puede sostenerse por mucho tiempo en el poder si el resultado de su gestión es el progresivo empobrecimiento económico y cultural... a no ser que emplee, como en la Cuba de Castro –el modelo “referencial”–, la coacción y la violencia sistemática contra los opositores. No es ningún secreto que buena parte de los mejores pensadores y profesionales vascos están, bien marginados, o bien en el “exilio”. Otro tanto puede decirse de muchos pequeños y medianos empresarios que no disponen de los medios y de la influencia de las grandes empresas. Y estas últimas, como ya hemos dicho, tampoco están dispuestas a aceptar la utopía tribal totalitaria de Ibarretxe.
Por tanto, a los nacionalistas vascos sólo les queda una alternativa viable: dar marcha atrás y “conformarse” con ser la comunidad autónoma con más autogobierno de España. Pero si, en su esquizofrenia, se obstinan en no ver la realidad y seguir hacia delante contra viento y marea, más temprano que tarde se darán de bruces con legalidad representada por la Constitución y por el Gobierno. Pero aun cuando no fuera así, después tendrían que vérselas con quienes crean la riqueza que ellos necesitan para sostenerse y para llevar a término sus planes. Y no parece que la gran mayoría de los vascos esté dispuesta a cambiar las libertades, el bienestar y el progreso por un vago sentimiento de pertenencia a una tribu imaginaria.
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