Del último informe del FMI sobre la economía española, la mayoría de la prensa –incluida la salmón– sólo ha destacado las advertencias acerca de la escalada en el precio de la vivienda, sobredimensionándolas hasta tal punto que daría la impresión de que se trata de informe monográfico sobre la inminente explosión de la “burbuja inmobiliaria”. Pero lo cierto es que el informe del FMI tiene más de tributo de admiración hacia la política económica del Gobierno que de críticas a su gestión. Y de esas críticas –que, como los elogios, son básicamente coincidentes con lo que hemos venido expresando en Libertad Digital–, la mayoría tienen más que ver con el número de reformas pendientes que con errores en la política económica.
Los economistas del FMI comienzan diciendo que “La evolución económica española constituye un ejemplo de cómo una adecuada política económica, junto con el acceso a la UEM y el descenso consiguiente de los tipos de interés, producen resultados en términos de crecimiento”, y recomiendan al Gobierno seguir con la política de déficit cero, exhortándole incluso a reeditar y ampliar el superávit de este ejercicio para los siguientes. Según el informe, el ajuste fiscal emprendido con motivo de la entrada en el euro y basado en reducciones del gasto público, ha sido la “piedra angular” de la estabilidad de la economía española, garantizando además “un círculo virtuoso de crecimiento y excelentes cifras de recaudación”. De los 16 puntos de que consta el informe, los dedicados a la vivienda y al endeudamiento familiar, así como los que abordan las pensiones y el mercado laboral, son prácticamente los únicos donde el FMI eleva un tanto el tono crítico –muy matizado– contra el Gobierno.
Haciéndose eco de las tesis del Banco de España, el informe alerta sobre el crecimiento –ya por encima de la media de la UE– del endeudamiento familiar, especialmente en lo que toca a los préstamos hipotecarios y al peligro que representa la alta proporción que en ellos representan los contratados a tipos de interés variable ante un posible endurecimiento de la política monetaria. Ante esto habría que decir que resulta cuando menos discutible la alarma por el endeudamiento de las familias, habida cuenta de que la hipoteca de la vivienda habitual es siempre el último crédito que las familias dejan de pagar. Pero el informe también señala acertadamente que la alta demanda de viviendas obedece a un “cambio natural hacia una nueva realidad” basada principalmente en la evolución demográfica, los flujos de inmigración y la demanda de no residentes, al tiempo que señala que los bajos tipos de interés, el alargamiento de los plazos de los préstamos hipotecarios, el incremento del empleo y el crecimiento del número de familias con dos rentas permiten realizar “una valoración tranquilizadora” a la que contribuye el hecho de adquirir “un activo con precio creciente” que tiene “un efecto equilibrador al aumentar la riqueza de las economías domésticas”.
Únicamente, el FMI recomienda, después de admitir que las posibilidades de un shock en el mercado inmobiliario son remotas, adoptar políticas económicas que minimicen los riesgos para “facilitar un aterrizaje suave”. Y en cuanto al precio de la vivienda, el informe hace hincapié en que las “restricciones derivadas de la Ley del Suelo y sus vínculos con la financiación municipal son ampliamente reconocidos”, coincidiendo con el Gobierno en la necesidad de un “pacto no partidario sobre este asunto”, con el objeto de “promover una mayor transparencia y reducir la incertidumbre en el proceso de urbanización”, justamente lo que pretende hacer Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. El informe se pronuncia en contra de las “muy generosas deducciones fiscales” a la compra de vivienda sólo en relación con el mercado de alquileres, pues, en opinión del FMI, al incentivar la compra de vivienda, podría distorsionarlo. Aunque sobre esto habría que señalar también que las desgravaciones a la compra de la vivienda habitual constituyen también un poderoso incentivo al ahorro que, probablemente, compensa con creces el efecto distorsionador en un mercado de alquileres cuyo principal problema, con mucho, es la seguridad jurídica.
Es en lo tocante a la competencia, al mercado laboral y a las pensiones donde se centran las principales críticas y recomendaciones del FMI al Gobierno y a las administraciones autonómicas –críticas que, al igual que las dirigidas hacia la reforma de la Ley del Suelo, han sido curiosamente silenciadas por la mayoría de los medios. Concretamente, el informe, invocando al Tribunal de Defensa de la Competencia, llama la atención sobre las “normas restrictivas introducidas por las autoridades regionales y locales”, que minan el “atractivo relativo para los inversores” y afectan “negativamente al bienestar de los consumidores”. En cuanto a las pensiones, las reformas, que deben acometerse cuanto antes, deberían centrarse en “un aumento gradual de la edad de jubilación efectiva”, así como en un “fortalecimiento del vínculo entre las contribuciones y las prestaciones”. Y en lo que toca al mercado laboral, el FMI considera necesaria una “reforma del sistema de negociación colectiva español” para “asegurar una mayor diferenciación de los salarios basada en la productividad” y no tanto en la evolución del IPC.
En suma, las críticas del FMI son más bien por omisión que por acción; y si hubiera que adjudicar una nota al Gobierno, de la lectura del informe cabe deducir que merecería un aprobado muy alto o incluso un notable. Sobre todo si se tiene en cuenta que el fracaso de la liberalización del suelo –el principal factor del encarecimiento de la vivienda– se debe a la iniciativa del PSOE y a una desafortunada sentencia del TC. Aunque la experiencia muestra que los criterios del FMI no son infalibles, Jordi Sevilla y Miguel Sebastián, los artífices del programa económico del PSOE, deberían tomar buena nota de los elogios y las recomendaciones del informe, especialmente en lo que toca a la liberalización del suelo y a la política económica y fiscal, si es que después quieren emplear las conclusiones del informe para criticar al Gobierno.