Efectivamente, son numerosos los argumentos que se pueden esgrimir a favor de la eliminación del impuesto de sucesiones, medida prometida por Mariano Rajoy si llega a encabezar el Gobierno tras las próximas elecciones general y por algunos presidentes populares de comunidades autónomas, Esperanza Aguirre entre ellos. Se dice, por ejemplo, que aporta a las arcas del Estado una recaudación muy escasa y que, contrariamente a lo que demagógicamente asegura la izquierda, no recae especialmente sobre las grandes fortunas ya que es fácil eludirlo a través de transmisiones ficticias en vida, sociedades interpuestas o convirtiendo el patrimonio a heredar en accionistas o participaciones, mientras que los ciudadanos menos pudientes soportan una mayor carga por sus herencias monetarias. También se razona diciendo que supone una doble, y hasta triple, imposición ya que los bienes transmitidos han tributado antes como renta o patrimonio, y que, como la carga impositiva está en relación directa a los bienes que ya posee el heredero, castiga a los que más han trabajado y ahorrado. Es lo que algunos llaman la paradoja del hijo pródigo.
Parecen todos ellos razonamientos convincentes, pero ¿por qué solamente sirven para cónyuges e hijos? Recordemos que la propuesta de los populares sobre la abolición de este impuesto excluye a las sucesiones extramatrimoniales y a las que no sean de padres a hijos. Se dirá que con esta excepción se pretende proteger a la familia, pero, si de verdad cumple con este objetivo, supone un reconocimiento implícito del argumento que más utilizan los que defienden la permanencia del impuesto, esto es, que es una manera de nivelar las menores oportunidades que sufren los hijos de familias pobres y de clase media. John Rawls lo resumió diciendo que toda justicia conlleva un beneficio a los menos aventajados. Es verdad que la herencia fue motivo de desigualdad en las sociedades precapitalistas y agrícolas, y mantuvo esta condición, aunque paulatinamente reducida, tras la Revolución Industrial. Basta recordar que los liberales clásicos no apoyaron su abolición y que el apologista de la revolución norteamericana Thomas Paine defendió poner un límite a la propiedad adquirida por herencia.
No es seguro, sin embargo, que el hecho de partir con un patrimonio suponga una ventaja para luego incrementarlo, como enseña la ley de preferencia temporal de Mises y la pobreza crónica de muchos países a pesar de las ingentes transferencias de rentas que reciben, pero de lo que no cabe duda alguna es que hoy en día, en una economía basada en el conocimiento, unos bienes heredados tienen muchísima menos importancia que el capital humano transmitido por los padres y por el sistema educativo, y prueba de ello es la creciente movilidad social en las economías más libres. En la lista de los hombres más ricos del mundo que anualmente publica la revista Forbes ya no aparecen, como siempre sucedía hace años, ningún Rockefeller o Roosevelt, y sí personas como Bill Gates, Larry Ellison o el español Amancio Ortega, que no sólo no heredaron nada sino que eran incluso pobres o de clase media en su juventud.
Si apenas supone una ventaja la herencia, por qué entonces sancionar con un impuesto a los descendientes no parentales cuando ya están castigados por el Código Civil que les impide recibir más del llamado tercio de libre disposición. El derecho natural a la libre transferencia de la propiedad privada implica el derecho a desheredar y una política de protección a la familia no puede estar por encima de él. Además, este dudoso derecho a la herencia de hijos y cónyuges, una creación del derecho moderno, tiene un alto coste social porque en la sucesión de empresas es el dueño el que posee la mejor información sobre quién es el idóneo heredero, un hijo o un empleado que sea buen gestor. La imposibilidad de optar por la segunda alternativa es una paradoja aún más grave que la del hijo pródigo y la principal razón de que gran parte de las empresas familiares no superen la segunda generación. A la ya absurda discriminación que sufren los no familiares por el derecho civil, la reforma fiscal que ha prometido el PP va a añadir otra si finalmente se queda a la mitad.