La reforma del Código Penal que plantea el Gobierno permitirá encarcelar a Ibarretxe en caso de que convoque un referéndum para aprobar su Plan confederal. La pena establecida para este delito parece un tanto desproporcionada. Cinco años por plantear un referéndum cuando la conspiración para obtener la independencia de Euskadi se saldaría con una pena máxima de 7 años.
Al margen de la evidente desproporción, se convierte a Ibarretxe en un mártir porque si tramita su plan se le puede encarcelar. Si se le encarcelara, la gente se echaría a la calle a tachar al presidente del Gobierno de ser un dictador. Y ya se empieza a escuchar esto mismo en Euskadi. Al final, si la Constitución no permite que un referéndum sea convocado por un presidente autonómico pero finalmente se convoca, el único efecto es que la consulta popular carecerá de efectos legales. Con eso debería bastar para calificar de absurdo el referéndum y de ineficaz el artículo que tipifica la convocatoria de referéndum como delito.
Ibarretxe está encantado de aparecer ante los vascos como una victima del centralismo español. De hecho ya ha sacado pecho y ha afirmado que, pese a cualquier pena que le impongan, él no aparcará su plan. Su público piensa que el nacionalismo vasco no puede siquiera discutir sus ideas en democracia. Así que criminalizar al lehendakari es un tanto ingenuo, especialmente cuando todavía no se ha perseguido a Atutxa por su insubordinación.
Realmente la cuestión no es esa sino la situación demencial a que conduce el dichoso plan: caos económico, frenazo a inversiones extranjeras, no-pertenencia a la Unión Europea, fuga de cerebros, envalentonamiento de ETA, etcétera. El PP puede utilizar las ideas para demostrar que el nacionalismo reduce las libertades, no gobierna para todos, es excluyente y, para colmo, arruina los territorios donde gobierna. Claro está que para actuar así hay que dedicar tiempo y dinero a realizar un seguimiento de las actuaciones del gobierno vasco y una disección de los argumentos nacionalistas que permita presentarse ante los ciudadanos como una oposición valiente y racional.
Escudarse en leyes a medida y en discusiones inanes del tipo yo soy constitucionalista y tú no, no explican nada. La gente quiere que le digan por qué el plan de Ibarretxe es, aparte de un insufrible panfleto, un despropósito colectivista y saber por qué nos lleva a una espiral de referendos y de sies y noes a España según la época del año. Confiemos en que esta propuesta de reforma penal quede olvidada en los arrabales de la historia y que el Partido Popular retome la tarea de defender las libertades con coherencia y sentido común.