Dos ataques contra la prensa se dispararon la semana pasada en el Perú.
Ataque uno. Juan Carlos Tafur, director del diario Correo, el de mayor circulación, fue impedido de salir del país cuando intentaba abordar un vuelo a Estados Unidos para participar en un congreso internacional. ¿La razón? Una querella de difamación entablada por una ex magistrada, denunciada por el diario Correo meses atrás por vinculaciones con el narcotráfico. Lo curioso es que esta severa medida judicial sólo se aplica en casos de extrema gravedad penal. Además, ni Tafur ni su abogado habían sido notificados de la medida coercitiva.
Se trata, a todas luces, de un caso de abuso judicial, aunque no se descarta algún tipo de interferencia política. Correo, uno de los medios más críticos del gobierno de Alejandro Toledo, fue el diario que denunció el documentado y escandaloso tráfico de influencias del ministro de Comercio Exterior y primer vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco.
La jueza que dictó la arbitraria medida, como consecuencia de la presión mediática, ha dado marcha atrás. Sin embargo, en la resolución que expidió “rectificándose” y concediendo el permiso para viajar, amenazó al periodista con ordenar su captura, a nivel nacional e internacional, si no regresaba en el plazo previsto.
Ataque dos. El presidente del Congreso, Henry Pease, hombre del partido de gobierno, y la congresista oficialista, Gloria Helfer, presentaron un proyecto de ley que ha erizado a los periodistas independientes. Propone dos aberraciones. La primera, retirarle la licencia a aquellas radios y estaciones de televisión “que pierdan su independencia”. ¿Alguien me puede explicar cómo se mide la ‘pérdida de la independencia’? ¿Qué criterio es el que sirve de instrumento hermenéutico para determinar eso?
César Hildebrandt, el periodista más influyente del país, considera que se trata de una maniobra encubierta del régimen para controlar la línea editorial de los medios de comunicación peruanos. Y no le falta razón. Los autores del mamarracho pertenecen a la facción más dura del toledismo.
El segundo extravío del proyecto de marras consiste en la creación de un órgano de control conformado, entre otros, por un representante de confianza del gobierno y un presidente de región (o sea, otro político), quienes serían una suerte de censores de los contenidos de los programas de radio y televisión. Estos, en el colmo del desparpajo, tendrían el poder de otorgar y cancelar licencias “en casos extremos”. Por cierto, el significado de “casos extremos” es algo que también queda al libre albedrío en la ley.
En fin, en el Perú empieza a vivirse, otra vez, tiempos de intimidación, amenazas y de espadas de Damocles, que pensábamos habían quedado en el olvido.
Pedro Salinas es corresponsal de © AIPE en Lima.