Los gobiernos de Francia, Rusia y Alemania han tenido la absoluta desfachatez de llevar a cabo una airada protesta porque sus empresas hayan quedado excluidas de los contratos derivados de las tareas de reconstrucción de Irak. Junto a las iraquíes, sólo las empresas de los países que han participado y colaborado en el derrocamiento de Sadam Hussein tendrán acceso a estos contratos, en lo que no es más que una justa aplicación del quid pro quo o reciprocidad entre los que se han movilizado en pro de la continuidad de la dictadura iraquí y los que, por el contrario, han respaldado la intervención militar aliada para derrocarla.
Francia, Rusia y Alemania, que eran los principales socios del dictador iraquí, no sólo no contribuyeron en nada a su derrocamiento sino que fueron los principales obstáculos internacionales que Estados Unidos y sus aliados encontraron para llevar adelante su intervención militar. Hay que recordar que por proteger los pingües negocios y los créditos que les unían al régimen baasista, los gobiernos de Rusia, Francia y, en menor medida, Alemania fueron los principales abogados defensores del “no a la guerra” y de la continuidad del dictador, y quienes quitaron gravedad tanto a la amenaza que representaba este régimen como a la represión y miseria que hacía padecer a su propia población.
Con posterioridad al derrocamiento del dictador, el eje franco-alemán no sólo ha continuado negándose a colaborar con un solo soldado en las tareas de pacificación de Irak, sino que también se ha negado a aportar un solo euro para su reconstrucción, como de forma tan bochornosa se pudo presenciar recientemente en la Conferencia Internacional de Donantes de Madrid.
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que los contratos a los que nos estamos refiriendo se financian exclusivamente del dinero aportado por EE UU que es, con grandísima diferencia —y al margen de la empresa militar—, el principal donante para las tareas de reconstrucción y democratización de Irak. Del dinero que se está hablando no es otro que de los más de 18.600 millones de dólares que aportan los contribuyentes americanos, en lo que supone el mayor esfuerzo inversor de posguerra por un solo país desde el Plan Marshall. Si alguna advertencia cabe hacer a esos contratos sería que los beneficios que con ellos obtengan las empresas repercutan también fiscalmente en el alivio de la deuda contraída por los ciudadanos estadounidenses.
Por otra parte, Bush ha tomado la decisión —que ya habrá tiempo de valorar— de abrir la posibilidad de contratos a países que, si bien hasta ahora no han contribuido en forma alguna en la democratización de Irak, pasen ahora a hacerlo, bien enviando tropas de pacificación, bien aportando fondos de ayuda o incluso redefiniendo las deudas contraídas con el régimen de Sadam.
En este último punto, hay que lamentar ciertamente la existencia de una legislación que reconoce la deuda contraída por un déspota y que compromete a la población. Lo más justo sería promover un cambio de legislación para que los ciudadanos no tuvieran que soportar las deudas que contraen en su nombre los mandatarios que no han sido elegidos por ellos.
La desfachatez del eje París-Berlín, sin embargo, alcanza incluso la pretensión de implicar en su protesta a la UE, cuando sólo ellos se negaron a sumarse al consenso de los gobiernos europeos que Blair y Aznar forjaron en pro de la iniciativa militar estadounidense. El antiamericanismo patológico de nuestros medios de comunicación tal vez les ayuden a implicar a la UE, aunque las empresas de la mayoría de los países europeos no hayan quedado excluidos de los contratos. Y es que, visto como denigran a los “halcones” de Washington, seguro que hacen causa a favor de los buitres de Berlín y, sobretodo, de París.