La mayoría de los latinoamericanos de mi generación nació bajo regímenes no democráticos. Algunos de aquellos viejos dictadores tenían sentimientos patrióticos, querían modernizar sus países y mejorar las condiciones de la gente. Otros sólo buscaban enriquecerse y distribuir privilegios entre sus amigos, mientras la economía y el nivel de vida seguían anquilosados.
En los años 60 y 70 surgieron nuevos regímenes democráticos por todo el hemisferio y con ellos la esperanza generalizada de que emergeríamos del tercer mundo. Pero los intelectuales de izquierda que habían logrado la mayoría de los cargos en las universidades, las artes y los medios fueron los asesores en la promulgación de esas nuevas constituciones que incluían todos sus sueños como derechos ciudadanos. Cada grupo políticamente poderoso contribuyó y las constituciones, lejos de simplemente defender los derechos naturales del ciudadano contra los abusos de los gobernantes, se convirtieron en pesadas piñatas, cuyo cumplimiento arruinaría a cualquier país.
El apogeo de esas utópicas constituciones lo representa quizás la colombiana de 1991, cuyo Artículo 52 dice: “El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.
Lamentablemente, el verdadero resultado de la ola democrática en casi todas partes fue que al pueblo se le dio la oportunidad de elegir a virtuales dictadores por 4, 5 o 6 años. Durante las últimas cuatro décadas del siglo XX, en Venezuela se alternaron presidentes socialdemócratas y socialcristianos, cuyas políticas socialistas eran difíciles de diferenciar, mientras la corrupción aumentaba. Los peores ministros de Hacienda y de Fomento (comercio) de ambos partidos fueron ejecutivos de grandes grupos empresariales, quienes utilizaron su pasantía por el gobierno para conceder privilegios a sus compañías.
La sustitución de importaciones y la nacionalización de empresas extranjeras -políticas promovidas por la Cepal- empobrecieron al hemisferio y en los años 90 las élites políticas y empresariales colaboraron en reformar la economía y privatizar los ineficientes monopolios estatales. Mejoró la eficiencia, pero a menudo los monopolios estatales se tornaron en monopolios privados y la gente terminó pagando más por sus productos y servicios. Esto hizo tremendamente impopulares las reformas llamadas “neoliberales”, que poco tenían que ver con el capitalismo o la economía de mercado.
Aún peor que ello resultó la costumbre de casi todos los gobiernos democráticos latinoamericanos de irrespetar los derechos de propiedad en su afán de redistribuir la riqueza. Bajo el gobierno de la mayoría se violan constitucionalmente los derechos de las minorías.
El artículo 99 de la “democrática” constitución venezolana de 1961 dice: “En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las… obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”. Es decir, su casa, su dinero y su empresa seguirán siendo suyos mientras algún burócrata no diga lo contrario.
Y nuestros gobernantes pronto aprendieron que la manera más fácil de robar es con inflación, depreciando el valor de la moneda. En Venezuela se mantuvo el valor del bolívar en un gramo de oro desde 1879 hasta el gobierno democrático de Rómulo Betancourt en 1961, cuando el bolívar sufrió su primera devaluación del siglo XX. Desde entonces, el bolívar ha perdido 53.000% de su valor con respecto al dólar, razón por la cual los venezolanos de hoy se acercan a los niveles de pobreza de los cubanos.
El 3 de diciembre de 2001, el gobierno de Fernando de la Rua en Argentina impuso el llamado “corralito” que no fue otra cosa que la confiscación de todas las cuentas bancarias, quizás el robo más grande efectuado en los tiempos modernos, unos 40 mil millones de dólares. Ningún dictador latinoamericano de los años 30, 40 o 50 se atrevió a hacer algo parecido, quizás porque no se sentía protegido por el manto democrático y el Fondo Monetario Internacional.
Pero no es sólo el derecho a la propiedad que se viola constitucionalmente en América Latina hoy, sino que la vida vale poco. Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires se han convertido en ciudades horriblemente inseguras, mientras que en Venezuela desde que Hugo Chávez es presidente “democrático” han ocurrido 43 mil muertes violentas. Caracas es hoy más peligrosa que Bagdad.
A Chávez, Kirchner, Lula, Gutiérrez o Toledo no les importan nuestros derechos individuales. Y los ídolos de la mayoría de nuestros políticos siguen siendo Rousseau, Marx, Gramsci y Keynes, no Locke, Hume, Smith y Hayek. La democracia no funciona sin respeto a los derechos individuales.
Carlos Ball es director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute.