Los últimos anuncios del PSOE respecto a lo que va a ser su programa electoral, lejos de perfilar lo que será su oferta de gobierno, están sirviendo para generar incógnitas donde antes no existían. A escasas doce semanas de las elecciones generales, su portavoz Jesús Caldera nos ha salido con que su partido avalará “cualquier reforma estatutaria que propongan, dentro de la Constitución, los gobiernos autonómicos”. Lo primero que cabría preguntar al portavoz del PSOE es por qué la reforma del Estatuto catalán que propone Maragall sí puede exigir una reforma de nuestra Carta Magna y, sin embargo, las que pudieran proponer otros gobiernos autonómicos deben estar “dentro de la Constitución”. ¿Miente Maragall cuando advierte que su reforma estatutaria pasa por la reforma de la Constitución? ¿O es, más bien, Caldera el que falta a la verdad cuando dice que el PSOE sólo permitirá aquellos cambios de los Estatutos que sean compatibles con nuestra Carta Magna?
Lo que los socialistas catalanes de la mano de los independentistas de Esquerra Republicana pretenden hacer en Cataluña es abiertamente inconstitucional, pero sabemos de qué se trata. Los propios Maragall y Rovira han dejado claro para qué quieren dejar atrás la “transitoria” Constitución del 78: para pasar a definir estatutaria y legalmente a Cataluña como nación, para tener una Hacienda independiente y soberana, la definitiva y total erradicación del castellano en la enseñanza o un sistema judicial ajeno al español.
Sin embargo, respecto a la oferta de los socialistas para el resto de España, las últimas declaraciones de Zapatero y Caldera nos dejan en la duda. Sabemos que para quitar gravedad al secesionismo del gobierno catalán primero nos han dicho que, no sólo Cataluña, sino todas las autonomías podrán tener su propia Agencia Tributaria. Pero esto, para empezar, no está “dentro de la Constitución”. Con todo, si en el caso de Cataluña lo que se persigue con la Hacienda propia es dejar de ejercer la “solidaridad fiscal” con el resto de España, ¿qué pretende Chaves apuntándose al invento? ¿qué Andalucía se financie sólo con sus recursos propios? ¿Y qué pasaría con el resto de las Autonomías —gobernadas por cierto por el PSOE— que son beneficiarias de parte de lo que se recauda fuera de ellas? Bono e Ibarra, por la cuenta que les trae, han dado un paso al frente y han dicho que no cuenten con ellos. ¿Pero qué dice Zapatero? Bueno, el candidato socialista parece que con la entrada del año ha “modulado a la baja” la potestad fiscal de las 17 agencias tributarias autonómicas que proponía el día anterior, y ahora reconoce una “complejidad técnica” respecto a los impuestos estatales que antes parece que no veía.
Lo que no es una “complejidad” sino una imposibilidad metafísica es que unas autonomías se sigan beneficiando de parte de lo que se recauda en otras, si todas ellas pasan a ser soberanas de todo lo que se recauda en ellas. Y, si no es para disponer de todo lo que se recauda en cada autonomía, ¿para qué se quiere que cada autonomía disponga de una agencia tributaria propia? ¿Para dejar a deber más a todos? ¿Para multiplicar por 17 la burocracia que requiere su creación?
El caso es que, a la espera de nuevos cambios, sabemos que la propuesta del PSOE será que las nuevas agencias tributarias puedan gestionar, inspeccionar, recaudar y liquidar los impuestos propios y cedidos, y los compartidos en “régimen de consorcio” con una Agencia Tributaria Central que finalmente no desparece, con lo que la “complejidad” de la que huía Zapatero va a palidecer comparada con la que resulte de este tinglado.