Si se hubieran aplicado las sanciones que contemplaba el Pacto de Estabilidad del euro a aquellos países que, como Francia y Alemania, sobrepasan los límites de déficit y endeudamiento público permitidos en el Tratado fundacional de nuestra moneda única, los efectos de dicha violación se podrían haber limitado a los perjuicios proporcionales que, más pronto o más tarde, siempre provocan los Estados que gastan más de lo que ingresan. Con todo, las correspondientes sanciones hubiera servido de acicate para que estos países pasaran a enmendar de una vez su reciente e indisciplinada trayectoria presupuestaria y afrontaran las asignaturas pendientes que tienen en la liberalización y en las reformas estructurales de sus respectivas economías. Hubiera servido también de aviso a navegantes para otros gobiernos, tanto a los que ya están en la eurozona como a los que aspiran a estarlo.
Sin embargo, la decisión del Ecofin del pasado mes de noviembre de suspender el Pacto de Estabilidad para no tener que sancionar a Francia y Alemania multiplica el perjuicio que para los europeos tiene el desfase presupuestario de estos dos países. Con su decisión ya no sólo asistimos al mero incumplimiento de un criterio macroeconómico, sino a una quiebra del Estado de Derecho, a una consentida desigualdad ante la ley, a una falta de seguridad jurídica respecto a los pilares institucionales en los que se basa nuestra moneda única.
En el terreno monetario –como en tantos otros– hay algo peor a que no existan normas, y es que las haya y no se penalice su incumplimiento, más aun si es dependiendo de quien sea el infractor. Es necesario volver a recordar que son Francia y Alemania los que en su día impulsaron estas reglas y estas sanciones en el tratado de Maastricht, temerosos de que los entonces países indisciplinados –por ejemplo España– perjudicaran a sus respectivas economías. Ahora que son ellos los infractores, les sobra la ley.