Para explicar el modelo de sistema fiscal que propone el PSOE de Rodríguez Zapatero, impulsado por los socialistas catalanes, se ha recurrido a la frase de 17 agencias tributarias, una por cada autonomía. Aunque se defina de esta manera rotunda la fragmentación del mercado y de la escasa Administración nacional que pervive tras el desmantelamiento del Estado para crear las autonomías, el número se queda corto. En España existen ya cinco agencias: la que depende del Ministerio de Hacienda y los servicios de inspección de las Haciendas de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava.
Merced al Concierto para el País Vasco y al Convenio para Navarra, ambas comunidades disponen de enormes competencias fiscales. Pueden suprimir algunos impuestos (el de Sucesiones entre familiares directos no se paga en Vizcaya desde hace más de una década) y pueden fijar sus propias tarifas de los Impuestos de la Renta y de Sociedades, con la condición, marcada por las leyes del Concierto y del Convenio, de que la presión fiscal en las respectivas provincias sea idéntica a la que hay en territorio común.
Para los ingresos obtenidos en 2003, el tipo mínimo de la escala del IRPF en las tres provincias del País Vasco son del 17% y el máximo del 50%, cuando en territorio común son del 15% y del 45%. Aunque los ciudadanos contribuyen más a Hacienda (la Hacienda vasca; a la nacional lo hacen a través del Cupo) que sus compatriotas, en cambio las empresas son grandes beneficiadas, pues el tipo básico del Impuesto de Sociedades es del 32,5%, frente al 35% que rige en territorio común. Por tanto, el PNV trata mejor a las personas jurídicas que a las personas físicas.
Las diferencias impositivas entre territorios ha llevado a los Gobiernos de Cantabria, La Rioja y Castilla y León a protestar por la captación de empresas que hacen los vascos a través de ayudas y bonificaciones y al Estado a pleitear contra las Diputaciones. La propia Comisión Europea denunció las vacaciones fiscales y, en octubre de 2002, el Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la UE falló en su contra. Pero no es ésta la única vulneración del principio de igualdad entre los españoles.
Desde la constitución del Concierto para la comunidad vasca (Álava lo ha tenido ininterrumpidamente desde 1878 hasta 1981) en 1981, los inspectores de las Haciendas provinciales nunca han descubierto un gran fraude fiscal. Como si Sabino Arana y Javier Arzallus tuvieran razón, los vascos no defraudan: ni facturas falsas, ni doble contabilidad, ni tramas de corrupción interna como la que había en la Agencia Tributaria de Barcelona... Lo mismo ha ocurrido en Navarra.
El 14 de diciembre pasado, el diario El Correo Español publicó un reportaje sobre varias denuncias presentadas a la Fiscalía Anticorrupción en que se desvelaba que cierto número de contribuyentes, en torno al centenar, gozaban de protección especial ante las inspecciones.
Entre 1926 y 1927, José Calvo Sotelo, como ministro de Hacienda, negoció con las Diputaciones vascongadas y navarra la renovación de sus sistemas financieros y concluyó que la extensión de éstos, que calificó de injustos, a las demás provincias, supondría la desaparición del Estado, pues se le privaría de ingresos.