Resulta cómico comprobar hasta qué punto Paco Martínez Soria esbozó a grandes rasgos el comportamiento de la industria musical a comienzos del siglo XXI. Si el actor, que en 1970 encarnó a Rodrigo en la película Don Erre que Erre aún viviera, podría detectar inquietantes similitudes entre los modos de su personaje –un cabezota al que no le dolían prendas perseverar hasta que le dieran la razón– y la conducta de la RIAA (Asociación de la Industria Fonográfica de Estados Unidos). Da igual si está en lo cierto o no, lo de menos es si con sus maneras sólo contribuye a su descreimiento. Lo verdaderamente capital es no mostrar una fisura en su estrategia. Aunque sea nefasta.
Inasequible al desaliento, la RIAA insiste en presentar su cara más antipática. La asociación ha denunciado a 532 usuarios –cuya identidad se desconoce– por distribuir archivos musicales en las redes P2P. La decisión supone en la práctica la mayor acción legal acometida desde que surgió la piratería musical en la Red. Las demandas se han justificado alegando que cada imputado intercambiaba libremente más de 800 canciones. Como compensación por sus fechorías, solicita a cada uno de los usuarios miles de dólares.
El presidente de la RIAA, Cary Sherman, ha advertido de que con esta medida el mensaje "debe quedar más claro que nunca: seguiremos demandando a aquellos que distribuyan música a millones de extraños". Ni Paco Martínez Soria hubiera sido tan contundente.
En teoría, la campaña de acoso y derribo emprendida por la RIAA está obteniendo los frutos deseados. Según puede desprenderse de un estudio elaborado el pasado diciembre por el Pew Internet & American Life, proyecto que analiza la repercusión de la Red en la sociedad de Estados Unidos, el 14 por ciento de los estadounidenses reconocía descargar música de la redes P2P, lo que supone un descenso del 50 por ciento si se compara con un estudio similar realizado en mayo de 2003.
Ni que decir tiene que en muchas ocasiones este tipo de informes deben cogerse con pinzas. No sólo porque hace apenas unas semanas otro estudio, éste de NPD Group, indicara que el intercambio de archivos se había disparado un 14 por ciento entre septiembre y noviembre. No. Sobre todo porque la metodología empelada por el Pew Internet & American Life es más que discutible y a más de uno le provocó la carcajada: en su análisis sólo incluía a los usuarios de Kazaa, Grokster, BearShare y WinMX. No hay que ser muy ducho en estos temas para saber que, actualmente, las plataformas más utilizadas son eMule, eDonkey y, cada vez con más fuerza, BiTorrent. Hacia ellas acuden en efecto ola todos los piratas que se saben fichados en las plataformas ilegales sobre las que ha puesto su punto de mira la RIAA. Y es que los internautas son muchas cosas, pero no tontos.
En cualquier caso, la demanda vuelve a poner de manifiesto que el único fin que se persigue es el de asustar a los millones de piratas que atestan la Red. Al menos las denuncias presentadas el pasado septiembre contra 261 internautas, a los que se les imputaban los mismos cargos, gozaban de mayor solidez y credibilidad. Fundamentalmente porque cada denuncia se enviaba con nombres y apellidos. Sin embargo, a lo máximo que puede aspirar la RIAA después de que un tribunal declarara en diciembre que sus métodos para identificar a los usuarios de las redes P2P en Internet eran ilegales, es a conseguir su IP o dirección en Internet. O sea, que las demandas irán dirigidas, por ejemplo, al ciudadano 80.40.1.33. Ridículo.
Al menos Rodrigo, el protagonista de Don Erre que Erre, no era tan obtuso de escupir en la mano de quien le daba de comer. La RIAA insiste mes a mes en ganarse nuevos enemigos. Los mismos que compran sus discos cuando realmente consideran que merece la pena la inversión. Los mismos que aún mantienen su negocio a flote. Aunque con esta actitud no se sepa por cuántos años más.