Nada, absolutamente nada, ha sucedido en el gobierno catalán y en el PSOE que pueda considerarse como una muestra –por pequeña que sea– de asunción de responsabilidades políticas tras el comunicado del miércoles en el que ETA se compromete a cumplir el ruin y viejo deseo de Carod Rovira de "situarse en el mapa antes de atentar contra España". Zapatero, nada más conocer la noticia, lo más que hizo fue volver a balbucear un "cambio en el tripartito", pero el candidato socialista, visto que Maragall de nuevo le hace caso omiso, ha terminado saliendo una vez más con que "ni el PP ni ETA van a condicionar el gobierno de Cataluña". Eso, y volver a silenciar a Bono e Ibarra.
Carod Rovira, mientras tanto, seguirá siendo candidato número uno de su partido al congreso, donde sigue dispuesto a ofrecer sus votos a Zapatero. Esta es la hora en la que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España tampoco ha renunciado públicamente a contar con el apoyo de los independentistas catalanes en caso de que su partido superara al PP sin llegar a la mayoría absoluta.
Maragall, por su parte, sigue queriendo recuperar para la Generalitat el cargo de Conseller en Cap que tuvo que suprimir hace un mes para no tener que echar al que lo ocupaba de su gobierno. Los independentistas seguirán siendo quienes elijan quien lo ocupe mientras dura el personal periplo madrileño de su lider. Este parece que ha decidido que sea su correligionario y consejero de Enseñanza Josep Bargalló el que le caliente la silla. Maragall ha tragado. Zapatero, también.
Rajoy, finalmente, parece que sigue considerando un "riesgo" en estas circunstancias enfrentarse a Zapatero en un cara a cara televisado. El candidato popular, que se supone que tiene que ser él –y no Ibarra– quien se haga eco de la indignación ciudadana, ha dicho algo tan novedoso como que el Pacto Antiterrorista corre peligro si los socialistas siguen siendo socios de Esquerra Republicana. Y, ciertamente, resulta novedoso saber que puede morir un pacto que creíamos ya muerto, por lo menos desde que Maragall anunció, con el beneplácito de Zapatero, que estaba dispuesto, como Ibarretxe, a saltarse la legalidad constitucional convocando un referéndum ilegal expresamente tipificado como delito en nuestro código penal. Por lo visto, el artículo 3 –por citar sólo uno– del Pacto Antiterrorista tiene más vidas que lo gatos.
En fin, que esto sólo lo pueden solucionar los ciudadanos en las urnas. Y a lo peor, ni eso.