Antonio Martínez defiende a los discapacitados pero no desea que este problema sea abordado por las personas en el mercado libre: “Sería más lógico esperar de las autoridades que legislaran para que no fuera necesaria la beneficencia”. El pensamiento único aborrece de la beneficencia y no dedica ni un minuto a pensar en las consecuencias de su recelo a la libertad.
Para don Antonio no hay duda alguna: como los discapacitados son personas en evidente situación de necesidad, entonces hay que darles “derechos”, pero nunca beneficencia. Es más, se opone a la reducción de impuestos a las familias de los discapacitados, porque ellos mismos deben tener derechos.
Encuentro varias características destacables en esta actitud. La primera es el miedo a la libertad: lo que don Antonio está pidiendo es que el Estado recorte la libertad de la gente para ayudar a un grupo, no desea que ayudemos libremente sino que nos obliguen a hacerlo.
Además, ignora qué efectos no visibles e inmediatos esto puede tener. Digamos, un aumento de impuestos para darles dinero a los discapacitados probablemente aumentará las quiebras y el paro. Obligar a las empresas a que contraten un determinado número de discapacitados reduce la eficiencia global, la riqueza colectiva y el empleo.
Asimismo, dada la inerradicable realidad de la escasez, el exigir a los políticos que den “derechos” significa dos cosas. Por un lado, los que ganan son los que más presionan a las autoridades, pero es muy dudoso que sean los más necesitados. Por otro lado, la imposible solución de la escasez traslada el problema de su asignación a los políticos, y es probable que decidan conforme a sus intereses, y no sólo a los de la sociedad. Por ejemplo, la Junta de Andalucía obliga al pueblo a financiar las operaciones gratuitas de cambio de sexo de los transexuales, pero no los tratamientos psicológicos de la anorexia. ¿Alguien puede afirmar que eso es respetar los “derechos” y cuidar la “justicia social”?