La exitosa empresaria Martha Stewart ha sido monstruosamente perseguida y, al parecer, terminará en la cárcel acusada de mentir a las autoridades. La señora Stewart, al igual que tantos otros presidentes de grandes empresas, es ideológicamente de izquierda, lo cual no hace menos despreciable el acosamiento que ha sufrido.
Por su parte, en pleno año electoral, los políticos están desbocados diciendo mentiras sobre la economía, que a lo contrario de lo que a la Sra. Stewart se le acusó sí nos hace mucho daño a todos.
A diario escuchamos que EEUU está perdiendo puestos de trabajo en las industrias y que esos bien pagados cargos están siendo reemplazados en China, la India, México y América Central por gente dispuesta a trabajar largas horas, en infames condiciones y por sueldos ínfimos. Eso es pura demagogia de políticos que quieren aprovecharse de la ignorancia económica de muchos electores.
En una economía de mercado dinámica como la de EEUU, algunos puestos desaparecen constantemente y otros se crean. Ciertas industrias como la textil se desplazaron de los viejos centros industriales del norte hacia el sur, donde los salarios son más bajos y, en los últimos años, hacia otros países. Intentar mantener esos trabajos reduciría el nivel de vida de todos los habitantes de la nación para proteger unos pocos empleos relativamente mal pagados, en industrias que ya no pueden competir.
Los adelantos e innovaciones conducen a lo que el economista austriaco Joseph Schumpeter llamó “destrucción creativa”, en la medida que inventos, mejoras y cambios en el mercado convierten en obsoletos a ciertos productos, fábricas y equipos. Tratar de impedirlo es empobrecernos a todos, como constantemente lo logran los gobiernos latinoamericanos.
Los puestos del sector privado en EEUU aumentaron en 17,8 millones entre 1993 y 2002. Esa es la diferencia entre los 327,7 millones de empleos que se añadieron y los 309,9 millones que se perdieron durante esos 10 años. Debe estar claro que los nuevos puestos jamás hubieran aparecido si se hubiese prohibido despedir a quienes perdieron su empleo. Lo contrario de leyes laborales flexibles que permiten despidos y fomentan nuevas contrataciones es lo que sucede en Alemania y Francia, donde las empresas no contratan gente nueva y los jóvenes se ven obligados a emigrar. Eso lo volveremos a ver en España, bajo el nuevo gobierno socialista.
Muchos políticos demócratas y algunos republicanos pretenden manejar desde Washington el comercio internacional de la nación. No parecen haber aprendido nada del fracaso de la economía soviética, planificada centralmente, ni del sorprendente éxito de China al abandonar el comunismo y permitir que las decisiones económicas las tomen los individuos y no los funcionarios.
Es cierto que en EEUU se perdieron casi 2,8 millones de puestos industriales entre 2002 y 2003, pero las importaciones aumentaron apenas en 0,6% en el mismo período, por lo que los lamentos de fin de mundo son exageraciones politiqueras de año electoral. Además, es un hecho indiscutible que más y más personas prefieren trabajar en empresas de servicio que en fábricas. Ello es indicativo de creciente bienestar.
No es que los políticos no puedan hacer nada para mejorar la situación, sino que su enfoque suele ser contraproducente y dañino para la nación. Por ejemplo, en lugar de lamentarse que buena parte del desarrollo de nuevos programas de computación se hace ahora en la India en lugar de San José, California, los políticos deben revisar los aumentos de impuestos y de regulaciones sufridas por los empresarios en California que han hecho más atractivo subcontratar en el exterior aquellas labores que antes hacían en casa.
Según el “Estudio de Competitividad en California”, publicado el mes pasado, el costo de operar un negocio en ese estado es 30% mayor que en los estados vecinos. Entonces, ¿Quiénes son los malos? ¿Los empresarios que obligatoriamente tienen que ganar dinero para los accionistas o los políticos empeñados en redistribuir la riqueza y pasar la mejor tajada a quienes creen votarán por ellos?
La propuesta de John Kerry de volver a subir los impuestos a los que ganan más sería evidentemente contraproducente. Lo peor para la economía y para los trabajadores es eliminar incentivos a quienes invierten y crean puestos de trabajos para pasar ese dinero al sector público, donde el dinero se malgasta sin dolientes.
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Carlos Ball, director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.