Cuánto más sabemos, menos entendemos. No pretende ser ésta una máxima filosófica de andar por casa, sino expresión de una perplejidad que crece a medida que conocemos la amplitud de la red terrorista vinculada al atentado del 11 de marzo. Si además del alto número de implicados, se nutría de delincuentes convertidos al islamismo en cursillos carcelarios, aunque también cabía el fanático que muere asesinando, como en Leganés, no es fácil explicarse cómo la conspiración se pudo mantener en un secreto tan absoluto hasta que cumplió sus propósitos criminales. Tan absoluto, que los servicios secretos españoles, de cuya pericia sería absurdo dudar con ligereza, cuando se produjo el atentado, pensaron primero en la ETA.
Desde 1997 se ha ido deteniendo en España a terroristas islámicos. Sobre todo, relacionados con grupos argelinos, pero también con Al Qaida. Antes del 11-M, prevalecía la idea de que esos grupos utilizaban el territorio español como base para operaciones contra otros países. Nada permitía suponer que planearan alguna acción criminal en España. Lo cual entra en la lógica del criminal, que no suele cometer los delitos allí donde vive o se refugia. Más aún tratándose de terroristas habituados a una acción transnacional. El documento publicado en diciembre del 2003 en una web islamista, y aireado tras el 11-M como posible antecedente, proponía ataques contra las tropas españolas en Irak, no atentados en España.
Si existía ese conocimiento del medio islamista en España, más el que se derivara del atentado suicida contra la Casa de España en Casablanca, en mayo del 2003, la pregunta inevitable tras el 11-M es: ¿qué falló? ¿Por qué los servicios de seguridad españoles no lograron siquiera sospechar lo que se preparaba? El intento de responder a esa pregunta, que ya se habrá hecho el propio CNI, puede llevar a conclusiones esclarecedoras. Pues si no había sospecha alguna, es que el 11-M se tramó circunvalando totalmente las redes de información del CNI. Y ello ya resulta indicativo. O ha sido el azar, o todo lo contrario.
Pero, ¿veremos aquí una investigación de ese alcance? ¿Habrá algo similar a la Comisión creada en los Estados Unidos? No lo parece. El 12 de marzo, los dirigentes socialistas clamaban por una información inmediata sobre la autoría, y acusaban al gobierno de mentir y de intentar ocultar los datos hasta que pasaran las elecciones. El 13 de marzo, hubo manifestaciones ante las sedes del PP para “exigir la verdad”. Desde el 14 de marzo, el empeño por “la verdad” se ha evaporado bajo el resplandor de la victoria. El PSOE no ha asumido públicamente ningún compromiso de que su gobierno investigará lo sucedido hasta el final, y en todas sus ramificaciones.
La investigación sobre el 11-M no puede despacharse sólo con la que lleva a cabo el juez. Y menos, con un cese del director del CNI. Tenemos que saber por qué falló el sistema. Y algunas cosas más. En enero, conocida ya la charla que había tenido su socio en Cataluña con los capos de la ETA, Zapatero pidió una investigación del parlamento y de la Fiscalía. No sobre la reunión, sino sobre cómo se había enterado la prensa: acusó al gobierno de filtrarle al diario ABC información del CNI. Pues bien, ahora tiene que contarnos cómo los informes y las conjeturas de los servicios secretos llegaban antes, durante esas jornadas tremendas, a la cadena Ser que al gobierno. Dijo entonces Zapatero: “Está en juego la credibilidad de instituciones públicas muy importantes en democracia”. Ahora más.