La demagogia de Zapatero, con la que vamos a tener que convivir durante cuatro años –quizá no más, porque los disparates en que probablemente incurrirá tendrán consecuencias electorales rápidas– se manifiesta, entre otras decisiones, en la creación de un ministerio de la vivienda. Ministerio de la vivienda existió en el franquismo, cuando la devastación de la guerra civil y el desplazamiento masivo de personas del campo a la ciudad, creó un problema de falta de viviendas. También existían ministerios de la vivienda –con otros títulos– en muchos países socialistas, los cuales nunca fueron capaces de construir el mínimo de necesario para alojar decentemente a su población.
En España no faltan viviendas. Empiezan a sobrar en determinadas zonas. Cuando culminen los proyectos constructivos emprendidos, además, se moderarán los precios y, en algunas poblaciones, descenderán en términos absolutos. El enorme aumento de la demanda de los pasados años se ha traducido en un gran crecimiento de los precios, pero también en un espectacular aumento de la oferta, que está empezando a llegar al mercado con los lógicos 4 ó 5 años de retraso sobre la demanda inicial.
¿Cuál es el objetivo del ministerio de la vivienda? ¿Hacer viviendas públicas para alquilar? ¿alquilar lo que las familias no se atreven por temor a las leyes? Respecto a lo primero, la mayoría de los gobiernos autonómicos y municipales, de izquierda o derecha, hace muchos años que llegaron a la conclusión de que esa actividad de alquiler de viviendas públicas era inviable, y han procedido a la liquidación de ese patrimonio. A lo segundo se ha atrevido el gobierno vasco, con un pésimo resultado.
El ministerio, sin duda, será mastodóntico, pues hay mucha necesidad y muchos militantes y simpatizantes que quieren ser funcionarios públicos –sin oposición, por supuesto–, pero su programa podría ser muy sencillo: modificar la ley de arrendamientos, para proteger a los propietarios; crear juzgados especializados en vivienda, que resuelvan con rapidez; crear un tipo intermedio de vivienda, de protección oficial, a un precio realista, al que podría aspirar cualquier residente, y transformar las ayudas públicas para que los beneficiarios fueran directamente las personas que lo necesitan y no los promotores públicos o privados. Sería un sistema más justo, más sencillo y se eliminaría la corrupción que atenaza a las corporaciones locales y a las autonomías.
Sin duda estoy hablando de ilusiones, que no se plantearon, siquiera, los gobiernos del PP; y que ahora tampoco las considerará el PSOE. Lo que seguro sí ocurrirá es el aumento de la burocracia y la contratación directa de funcionarios.