Hoy es muy común ver en la televisión argentina a multitudes enardecidas pidiendo "justicia", es decir, más cárcel para los delincuentes o sospechosos y más represión policial. Pero, al mismo tiempo, aseguran estar "contra la violencia".
Esta fuerte campaña ha surgido a raíz de que un joven, Axel Blumberg, fue cobardemente asesinado por sus raptores, desesperados al verse acorralados por la policía. La opinión pública reaccionó con ira y casi toda la sociedad hoy exige "justicia", salvo la muy influyente Iglesia Católica que se manejó con prudencia. Pero no sólo se pide más represión estatal, sino también un mayor control sobre las personas (es decir, menos libertades individuales) y la prohibición de la venta de teléfonos celulares usados.
Aun cuando Argentina tiene más policías per cápita que EEUU, los delitos aumentaron entre 1991 y 2002 en 166%, con un crecimiento anual promedio de 14,4%. La ciudad de Buenos Aires tiene un promedio de un delito denunciado cada 15,1 ciudadanos por año. Para tener una idea comparativa, mientras que los países ricos de Europa tienen 1 homicidio por cada 100.000 habitantes por año, América Latina tiene 27,5. En Argentina, durante la última década, la población carcelaria pasó de 30.000 a 55.000, pero el delito aumentó más y el homicidio creció 300%. De paso ¿puede ser regenerador un sistema basado en algo contrario a la naturaleza humana como es la falta de libertad, o es solamente preventivo sin solucionar el fondo del problema?
Para colmo de males, aquí la policía es muy corrupta. Nada menos que el Ministro de Justicia reconoció que los políticos venden a los comisarios el derecho a estar en una comisaría "rentable", por una suma mensual. El comisario debe recaudar entonces para pagar al político y, además, hacer su ganancia mediante extorsiones a comerciantes y comisiones que pagan los delincuentes por "zona liberada" y demás.
Todo esto coincide con el aumento del desempleo. Desde 1991, la desocupación en Argentina creció del 6% al 24%. Y coincide también con el aumento del gasto estatal, básicamente asistencial. Es decir, el Estado coactivamente impone leyes laborales que destruyen el mercado laboral, provocando desocupación, que luego quiere paliar con "planes sociales" que promueven la vagancia, con recursos obtenidos de los ciudadanos, por vía impositiva. El Estado, con leyes económicas coactivas que impiden el libre desarrollo de los capitales, provoca la descapitalización de la sociedad y los consecuentes bajos salarios. Es el Estado violento el que está provocando la violencia y la falta de libertad lo que está coartando el desarrollo natural de la sociedad. No es cuestión de pobreza sino de la marginalidad provocada por la desocupación y la miseria, caldo de cultivo para el delito.
Pero la opinión pública, en lugar de exigir que se desmantele el estatismo, exige enardecida que se le aumente el poder a una policía corrupta, al servicio de la mafia política. Además, más cárceles y más represión policial significan más gastos estatales no productivos, coactivamente retirados del mercado y, por lo tanto, más miseria y marginalidad social.
Este ha sido el suicidio argentino. Nuestro país llegó a estar entre los diez más ricos del mundo, pero ha descendido más allá de los cuarenta porque la derecha y la izquierda han destruido a la Argentina. La derecha exige más violencia contra quienes considera delincuentes, coartando las libertades civiles a la vez que defiende privilegios empresariales a costa del Estado. La izquierda, por su parte, quiere más coacción, más violencia contra el mercado, para los "malditos empresarios", cuando el mercado son las personas, no los empresarios.
Alejandro A. Tagliavini, miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).