Millones de venezolanos firmaron la petición de un referendo para remover al presidente Chávez, quien ha instalado un gobierno autocrático, destruyendo las instituciones democráticas que impidían la concentración del poder.
Chávez fue electo presidente en diciembre de 1998 y casi de inmediato dió los primeros pasos para consolidar todo el poder en sus manos. Organizó una serie de votaciones. La primera para cambiar la constitución. La segunda para elegir a los delegados de la Asamblea Constituyente. Y aunque no se permitió que se postularan bajo ningún partido, Chávez utilizó dinero del gobierno en la campaña para elegir a quienes lo apoyaban, con lo cual consiguió 120 de los 131 delegados.
Pero la Asamblea Constituyente fue más allá de redactar una nueva constitución. En agosto de 1999, nombró una comisión judicial de emergencia con poder de destituir a jueces. Ese mismo mes, la Asamblea se declaró en “emergencia legislativa” y se delegó en una comisión de 7 miembros la promulgación de leyes. La Asamblea le prohibió al Congreso sesionar.
La nueva constitución alargó el período presidencial en un año, aumentó los poderes del presidente, impuso restricciones a los medios de comunicación y fue aprobada en un referendo en diciembre de 1999. Las elecciones a la Asamblea Nacional unicameral que reemplazó al Congreso se llevaron a cabo en julio de 2000. Chávez lanzó nuevamente su candidatura presidencial y fue electo para un nuevo período. Aunque obtuvo 60% de los curules, Chávez sentía que no tenía suficiente poder. En noviembre de 2000 obtuvo de la Asamblea poderes especiales para gobernar por decreto durante un año.
En diciembre de 2000 hubo otras elecciones. Durante las elecciones de funcionarios locales, Chávez añadió un referendo para disolver los sindicatos e intentó, sin autoridad para ello, consolidar todos los sindicatos del país en la Fuerza Bolivariana de Trabajadores.
El historial está claro. Desde su elección en 1998, Hugo Chávez avanza en una campaña metódica de eliminación de las voces disidentes de la política venezolana. Le ha aportado al mundo un modelo de cómo alcanzar el mando totalitario. Primero, obtener el control de uno de los tres poderes y proceder a subordinar a los otros dos. Luego, usar el poder del gobierno para impedir que cualquier segmento de la sociedad se organice. Ha atacado a los sindicatos, a los medios independientes, a la Iglesia y a cualquier fuente de oposición.
Para diciembre de 2000 era evidente que Chávez se había convertido en un autócrata demagogo, que utiliza al populacho para sus fines. Con el gobierno bajo su total control y la sociedad civil destruida, Chávez se hubiera enrumbado en la parte final de su programa totalitario: impedir la crítica del gobierno a nivel individual.
Ni siquiera los populistas pueden decretar que la luna de miel dure para siempre. El apoyo mayoritario comenzó a disminuir. La militarización de las escuelas y de los servicios sociales, junto con una economía en decadencia, crispó a la gente y surgió el caos. Un intento de golpe fracasó en abril de 2002. La amarga huelga general de diciembre de 2002 a febrero de 2003 hizo estragos. La petición de un referendo revocatorio presidencial surgió en medio del creciente caos.
El gobierno procedió a castigar a los ciudadanos que firmaban en contra de Chávez. Sus nombres fueron dados a una diputado chavista, quien sacó la lista en Internet. Los militares firmantes fueron castigados y los que eran empleados de la petrolera estatal despedidos.
Sin embargo, 3,2 millones de venezolanos firmaron, pero el Consejo Nacional Electoral rechazó la petición por 3 votos y 2 abstenciones, determinando que no se podía pedir el referendo antes de la mitad del período presidencial.
Se hizo una segunda campaña de recolección de firmas y, de nuevo, se obtuvieron más de 3 millones. Ahora el CNE cuestiona la validez de las firmas. Los firmantes apelaron a Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual rehabilitó más de 800.000 firmas en disputa, pero unos días más tarde la Sala Constitucional invalidó esa decisión.
El patrón de intimidación se repite. Los empleados públicos que firmaron están siendo destituidos y el ministro de Salud y Desarrollo Social acusó de terroristas a los firmantes.
El gobierno está haciendo todo lo que puede legal o ilegalmente. En esta parodia totalitaria se pueden tener cuantas elecciones quieras, siempre y cuando no votes contra Chávez. Pero el espíritu democrático está vivo en Venezuela. Si los venezolanos están tratando de romper las cadenas, ¿no deben los extranjeros ayudarlos? Ojalá que no lo impidan los internacionalistas “sofisticados” que insisten en apoyar a cualquier autoridad que tenga voto en las Naciones Unidas.
Carroll Andrew Morse, analista de TechCentralStation.com