La razón por la cual los enemigos de la globalización logran presentarse como defensores del pueblo es que quienes suelen defender la apertura comercial lo hacen por razones equivocadas. Nos interesa eliminar trabas no tanto para exportar más sino para importar más.
En las reuniones y cumbres de la Organización Mundial del Comercio, ALCA, Comunidad Andina, Mercosur, etc. las negociaciones y discusiones giran alrededor de conceder el privilegio de exportar algo a mi país a cambio de que se nos permita exportar otra cosa que nos interesa más a “nosotros”.
La palabra clave es “nosotros”. ¿Quién es ese “nosotros”? Evidentemente que no es el pueblo. Al pueblo lo que le interesa es mejorar su nivel de vida, lo cual logra de sólo dos maneras: aumentando su ingreso y comprando sus alimentos, bienes y servicios a precios más bajos.
Ese “nosotros” que defienden los ministros, diplomáticos y emisarios envueltos en la bandera nacional son empresarios con influencia política, quienes utilizan todos los resortes a su alcance para evitar tener que competir con productos baratos de otros países.
Es increíble, pero cierto, que quienes están defendiendo mis intereses en esas conferencias llamadas “de libre comercio” son los diplomáticos de países extranjeros que tratan de exportar productos y servicios baratos a mí país. Por el contrario, los negociadores de mi país están haciendo todo lo posible por evitar abrir las fronteras a la competencia extranjera. Es decir, están perjudicando descaradamente mis intereses para proteger empresas nacionales que sobreviven sólo por barreras artificiales, como aranceles y cuotas, impuestas a empresas extranjeras que quieren venderme productos mejores y más baratos. La misión de los funcionarios de mi país es tratar de abrir las puertas a las exportaciones, que de lograrlo, beneficiará a consumidores extranjeros y a un reducido grupo de empresas nacionales.
El centroamericano que nació el mismo día que se creó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana ya tiene 43 años. Los colombianos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y venezolanos que nacieron cuando se firmó el Pacto Andino tienen hoy 35 años. El latinoamericano que nació el mismo año que la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) tiene 24 años. Y la idea del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) la lanzó el presidente Bush padre a fines de los años 80, pero su ratificación evidentemente no se va a lograr el año que viene, como estaba previsto.
Es decir que el avance del libre comercio en nuestro hemisferio se mueve a velocidad glaciar. Se habla mucho, pero no se adelanta. Los políticamente poderosos, empeñados en defender sus carteles y oligopolios, están felices por todas las trabas oficiales, mientras se sigue engañando al pueblo con falsedades. Y la extrema izquierda ha asumido la bandera de la antiglobalización, apoyada por demagogos como Chávez, Lula y Kirchner, quienes revivieron el fantasma del imperialismo económico.
Esos mismos que denuncian en las plazas y desde la televisión a las multinacionales viajan frecuentemente con sus esposas a Estados Unidos para comprar todo aquello que el nacionalismo económico impide poner al alcance de sus compatriotas menos afortunados.
A los países pequeños los perjudica más el proteccionismo que a los países grandes debido a que la producción de riqueza depende de la división del trabajo (mientras más especializados somos, mayor eficiencia alcanzamos). Y como escribió Adam Smith hace más de 200 años: “la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado”. Es decir, un mercado global eliminaría la miseria en el mundo.
La realidad es que el intercambio siempre beneficia a ambas partes y presentar el comercio internacional como un juego con ganadores y perdedores es totalmente falso. La eliminación de las barreras a las importaciones beneficia al pueblo. Los aranceles, cuotas y prohibiciones benefician a unas pocas empresas o sectores con poder político. Así sucede en América Latina y, en menor grado, en Estados Unidos, donde agricultores, la industria textil y productores de acero consiguen protección del gobierno en contra de los intereses del público y de las industrias que se ven obligadas a adquirir materias primas más costosas debido a esa intervención gubernamental.
El mundo moderno está claramente dividido entre aquellos que creen y defienden la libertad individual y aquellos que creen en la intervención gubernamental. No hay que ser muy inteligente ni muy ilustrado para darse cuenta que donde hay más trabas, regulaciones, controles, impuestos y licencias hay mayor pobreza.
Carlos Ball, director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute