Con menos del 20 % del mercado nacional se tiene que conformar el cine español, sector que viene culpando de sus problemas al anterior gobierno, a pesar del aumento de las subvenciones durante los dos mandatos de Aznar. Quizá habría que definir primero qué entienden ellos por problemas. Una buena forma sería que los productores nos explicaran cuál es el retorno razonable que esperan obtener de sus inversiones y lo comparáramos con otras actividades empresariales. En vez de esto, se confunde el debate mediante el apriorismo paleto y totémico de “lo cultural”.
La fascinación de “la cultura” en abstracto suele anidar, curiosamente, en espíritus poco cultivados. Quien está acostumbrado a leer no tiene ningún problema en despachar a la cuarta página un tostón porque cree en su experiencia y no en el objeto sagrado, mientras que el sujeto sin biblioteca pondrá los ojos en blanco y hasta levitará un par de palmos al hablar de cultura. Con este mismo papanatismo juega el sector cinematográfico español, que ha logrado sustraer su actividad empresarial a la racionalidad del mercado. Según la nueva ministra “La cultura española requiere apoyo público y, por tanto, presupuesto público”, y el cine es “la prioridad absoluta” de su departamento. ¿No tendrá esto algo que ver con la decisiva influencia política que los distintos gremios del sector han demostrado sobre la opinión pública?
El espejo en el que nos vamos a mirar a partir de ahora es la excepción cultural francesa y las limitaciones al doblaje. Tragar con ello o indignarse depende del marco de referencia. Al que acepte el apriorismo iletrado y el noli me tangere, todo le parecerá poco para promover el cine español, incluyendo las barreras a la competencia. Los que no tragamos ni hacemos distingos entre cine español y no español, los que simplemente queremos ver las películas que nos apetezca, insistiremos en comparar esta actividad empresarial con todas las otras y no veremos razón alguna para sustraerla al mercado, el más eficiente asignador que se conoce. Y también, queridos multimillonarios antisistema, que curiosamente sois parte interesada en este debate sobre grandes valores de la humanidad, el más justo.
Sería intolerable que nuestro sector alimentario gozara del poder coercitivo del Estado para que los yogures o zumos de empresas extranjeras vieran limitado su espacio en los lineales de las grandes superficies, o no se les permitiera etiquetar y hacer publicidad en castellano. Atar de manos a los competidores extranjeros no sólo es nocivo para la economía, sino que atenta contra el derecho de elección individual. Si con veinte países de habla hispana nuestro cine no es rentable, que aprendan o que cierren. Venirnos a estas alturas con que se deben producir, distribuir y promocionar productos que la gente no quiere, con dinero público y obstaculizando la competencia, sólo porque los interesados y el ministerio (interesado políticamente) dicen que “es cultura”, suena a timo. Y lo es.