La pasada semana afirmábamos que 100 días de gracia para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eran demasiados, habida cuenta de las graves decisiones que ya había tomado en la primera semana de ejercicio del poder. Decisiones como el giro de 180 grados en la política internacional de España (alineamiento con el eje París-Berlín-Rabat y retirada de las tropas españolas de Irak), para las que, cuando estaba en la oposición, Zapatero reclamaba el máximo consenso con todas las fuerzas políticas. O decisiones como la de anular el Plan Hidrológico Nacional, que en cualquier caso y dada su trascendencia y repercusión a medio y largo plazo, ningún gobierno responsable habría tomado sin meditarlas reposadamente, sin debatirlas con los afectados y con el partido que hoy representa al 37 por ciento de los españoles y sin explicar previamente a los ciudadanos los motivos, el alcance y los beneficios que de ellas se fueran a derivar.
En su segunda semana en el poder, el Gobierno de Zapatero no ha hecho más que confirmar que la meliflua retórica del "talante", del "diálogo" y del "consenso", así como las grandilocuentes y contradictorias promesas electorales formuladas para sobrevivir a una derrota electoral que la manipulación del 11-M convirtió en victoria, cumplían el mismo papel que un decorado teatral. La misma función que las fábricas construidas en cartón piedra que los bolcheviques mostraban a distancia para ocultar a los incautos la indigencia material y moral de la Rusia de los soviets. En definitiva, las promesas y el "nuevo talante" sólo eran mera propaganda para ocultar la inexistencia de un auténtico programa de Gobierno y para camuflar la falta de preparación técnica y política de que adolecen muchos nuevos ministros para ejercer sus cargos. Unas carencias que intentan suplir redoblando las infamias y el sectarismo contra el PP, como las que lanzó el nuevo ministro de Interior contra el anterior gobierno del PP en torno al 11-M. Basta hacer un breve repaso a las acciones y declaraciones del Gobierno en la última semana para comprobar cuáles son las diferencias entre un programa de Gobierno y un mero ejercicio de propaganda.
Para empezar, el espectáculo del regreso a España de la Brigada Plus Ultra y el brindis de Zapatero por su desmantelamiento inmediato en presencia de sus oficiales, más que bochornoso, fue sencillamente esperpéntico. Cuando no expresión de un infantil sectarismo con fuerte hedor electoralista, representado por un público convocado expresamente para agitar banderas del PSOE ante las cámaras de televisión mientras los soldados bajaban del avión. Un espectáculo que nuestros militares –que eligieron voluntariamente su profesión, que ganaban cuatro veces más en Irak que en sus acuartelamientos en territorio nacional, y cuyo sentido del honor, del deber y de la responsabilidad está a años luz del de sus actuales mandos políticos– tuvieron que soportar con paciencia estoica.
En cuanto a la Guardia Civil, las promesas de unificar el mando con la Policía Nacional y de suprimir su carácter militar (esta última formulada por Caldera en presencia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles) se han transformado en una evidente involución respecto a la situación anterior. Su nuevo director, tras 18 años de mandos civiles, será un general del Ejército del Aire con buenas relaciones con José Bono, el nuevo ministro de Defensa... quizá para llegar a la prometida unificación del mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por vía de la marginación de la Guardia Civil en las tareas policiales y en la lucha antiterrorista. Una marginación con la que la inmensa mayoría de los españoles no estaría, en absoluto, de acuerdo.
La ministra de Cultura quiso lanzarse precipitadamente a cumplir las instrucciones del PFFR anunciando la rebaja al 1% del IVA en los productos culturales... sin tener en cuenta que tal decisión no depende de su ministerio, sino, en primer lugar, del ministro de Economía, en segundo lugar, del Consejo de Ministros, en tercer lugar, del Parlamento, y en cuarto lugar, y más importante, de la Comisión Europea, que es la que fija los márgenes de aplicación del IVA reducido. Así tuvo que reconocerlo, por cierto, la vicepresidenta del Gobierno.
Nuevo incumplimiento en lo que concierne a la Ley de Violencia Doméstica, cuyo proyecto, según prometió Zapatero, sería el primero que aprobaría el Consejo de Ministros. Tal y como anunciaron expertos en la materia como Cristina Alberdi –que calificó de disparate semejante promesa– el proceso de elaboración de la ley y de las reformas legales necesarias para su aplicación llevará al menos un año.
En cuanto a la LOCE, el Gobierno ha intentado confundir a la opinión pública y a la comunidad educativa anunciando que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la suspensión del calendario. Nada más lejos de la realidad, pues en la Referencia del Consejo de Ministros no figura ningún decreto que modifique o anule aspecto alguno de la LOCE. Las prisas del nuevo Gobierno por desmantelar el modesto intento del PP de frenar la decadencia y degeneración de la educación –para homologarla con la de los países que, como Suecia y el Reino Unido, ya están de vuelta del sarampión de la comprehensividad y del igualitarismo obligatorio en los resultados–, les ha hecho olvidar que, para aprobar o modificar una ley, sobre todo si es orgánica, hay que observar ciertos trámites que llevan algún tiempo. Y que, mientras tanto, el cumplimiento de la ley no es cuestión de intenciones futuras, de gustos o de preferencias.
En definitiva, ocho años de oposición no le han servido al PSOE para formar un Gobierno capaz de mostrar siquiera algo de prudencia y de coherencia en sus anuncios y actuaciones, o al menos cierto grado o intención de cumplimiento de sus promesas menos disparatadas. El de Zapatero es Gobierno que navega sin cartas náuticas, que va a la deriva y dando palos de ciego. No es extraño que, para introducir una apariencia de coherencia y de racionalidad, para camuflar su desnudez conceptual y programática, tengan que recurrir a saldos como Ludolfo Paramio, intelectual orgánico del felipismo y, desde el viernes, flamante Director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.