En una entrevista publicada en El País este lunes, el nuevo secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez se mostraba partidario de una televisión pública de calidad, por lo que no descarta privatizar "una parte" de TVE. Fernández Ordóñez se preguntaba, entre otras reflexiones, "por qué para ver un programa que es similar al de otra televisión cuesta más y hay que sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no lo pagan".
Pues bien, no han tardado los representantes sindicales, tanto de UGT como de CC OO, en poner el grito en el cielo, en cerrarse en banda a esta plausible iniciativa y en dar muestras, una vez más, de lo poco que le importan a nuestros sindicatos la mayoría de los trabajadores, en cuanto contribuyentes, si sus impuestos sirven para mantener los privilegios de unos pocos, pero bien identificados y organizados como son los trabajadores sindicados de TVE.
El caso es que la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega no ha querido entrar en “polémicas”·y ha terminado por minimizar la tesis de Fernández Ordoñez limitándola a “una reflexión legítima”, pero señalando que será el Consejo para la reforma de los medios de comunicación estatal el que estudiará esos temas y el que emitirá un informe que se trasladará al Gobierno.
Creemos que para que esa “tarea de estudio” no quede en un mero maquillaje que no solucione el fondo del problema, no sólo el Consejo, sino todos los medios de comunicación, deberían empezar por cuestionarse la misma razón de ser de los medios de comunicación estatal. Por muy bienintencionadas que sean sus propuestas de gestión, el problema de estos medios es de orden estructural: La responsabilidad pública de un medio de comunicación conlleva inexorablemente aparejada un control político del mismo, por lo que nunca será verdaderamente ni libre ni plural. En cuanto a su financiación, poco respeto a la libertad conlleva su inevitable recurso a los impuestos de los ciudadanos. Esa naturaleza estatal también lleva aparejada irremediablemente una fragrante violación a la libre competencia que, por mucho que proteja privilegiadamente a los trabajadores de TVE, no deja de perjudicar a los trabajadores de las demás cadenas privadas y al conjunto de los ciudadanos en tanto que televidentes y contribuyentes.
Esperemos que esta tímida y sensata propuesta del secretario de Estado de Hacienda sirva, al menos, para abrir un debate en la opinión pública que los privilegiados y beneficiarios del actual statu quo —incluyendo al mismo Gobierno— han querido cortar de raíz.