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Después del escandaloso “Informe sobre los medios” del Gobierno Tripartito de Cataluña (socialistas, comunistas y separatistas compitiendo en designios fraternales), nadie puede tomarse a broma episodios como el que al parecer han protagonizado algunos famosos cineastas pidiéndole a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que el Gobierno elimine de los medios de comunicación nacionales a los periodistas incómodos para sus cogitaciones, que además del dinero público que los ciudadanos se niegan a dar libremente en las taquillas, por lo visto necesitan de un silencio crítico absoluto, sepulcral. Nadie debe tomarlo a la ligera porque lo hicieron cuando estaban en el Gobierno de España, porque es público y notorio que piensan hacerlo todavía con mayor intensidad en Cataluña, donde toda censura y corrupción tienen asiento, y que quieren y pueden volver a hacerlo desde Madrid, donde el espíritu de la Checa de Bellas Artes, la checa más atroz de la guerra civil y sin duda más célebre por el protagonismo de los intelectuales comunistas en ella, retoña en estos añejos comisarios empeñados en reconstruir algo así como la Cinemacheca. Una sórdida instancia donde se decidiría el futuro profesional de actores, directores, productores y hasta opinadores o columnistas.
 
Según denuncia el más pugnaz de los plumíferos liquidables, Alfonso Ussía (los otros dos serían Jon Juaristi e Ignacio Ruiz Quintano), fueron media docena de talentos de la producción y la dirección cinematográficas, encabezados por el patriarca Elías Querejeta, los que tras celebrar la supuesta liquidación de Ussía como columnista de ABC, pidieron a la ministra que lo eche también de La Razón. Entre los más distinguidos en pedir la liquidación de las voces molestas figuraba, cómo no, Fernando Trueba, acaso resentido aún con los USA por haber premiado con un “oscar” una mediocre película suya y cuya penúltima hazaña, antes de la guerra de Irak contra el PP, fue ir a provocar a los manifestantes anticastristas en la Puerta del Sol. Sin embargo, siempre según el aludido, fue el cineasta veterocomunista García Sánchez el que más directamente pidió la eliminación del “fascista de Ussía”, sin que otros directores y productores protestasen ante estos alardes dictatoriales, calcados de los del senador Mc Carthy que estos nostálgicos del Gulag suelen recordar entre subvención y subvención.
 
Lo malo de este hecho no es que sea cierto, sino que es perfectamente verosímil. Nos gustaría verlo desmentido por los protagonistas que con nombres y apellidos denuncia Ussía y, sobre todo, por esta ministra de Cultura, empeñada en conjugar una incompetencia política casi absoluta con la más sórdida y paleta disposición represiva. Nos gustaría verlo desmentido, aun siendo cierto, porque eso denotaría cierta mala conciencia y un mínimo de rubor al descubrirse estos comportamientos incompatibles con la democracia, no digamos ya con la política de pluralismo y con la “democracia deliberativa” propugnada (y en algunos lances recientes, personalmente demostrada) por Zapatero. Pero el desprecio y el odio por quienes no piensan lo que ella manda es típico, estructural, fatal, definitorio de la Izquierda. Y encaja a la perfección en la trayectoria de este sindicato audiovisual, sectario hasta la náusea, que en los últimos dos años se ha proclamado conciencia moral de todos los ciudadanos españoles para acabar al modo peronista, piquetero y pancartero, con el Gobierno legítimo que esos ciudadanos habían votado por mayoría absoluta. Ahora, dispuestos a cobrar favores a un Gobierno que sólo puede debérselos a las urnas, no sólo pretenden que les paguemos las películas que no queremos ver sino que no leamos a los columnistas que sí queremos leer. Si la ministra de Cultura (y Censura) no reniega de la Cinemacheca, el espectáculo puede comenzar.

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