La Ley Orgánica 6/02, de Partidos Políticos, de 27 de junio, ya previó una situación como la actual, y debido a ello su disposición adicional 2ª modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en su artículo 44, con la idea de impedir que una agrupación de electores presente una candidatura similar a un partido político ya ilegalizado, Euskal Herritarok o Batasuna. Para ello es necesario demostrar la relación entre HZ –así se llama actualmente, Herritaren Zerrenda– y sus antecesores, sea en sus estructuras, organización o funcionamiento. Será, por tanto, la Sala Especial del Tribunal Supremo la que deba resolver sobre esta posible ilegalidad, teniendo en cuenta que 33 candidatos de 56 han estado vinculados a organizaciones del entorno etarra, ya ilegalizadas. Todo el procedimiento, incluido el posible recurso ante el Tribunal Constitucional, ha de resolverse antes del inicio de la campaña electoral, según el calendario que la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral indica.
Y esto es lo que el Gobierno ha concretado este martes, la presentación de la demanda de impugnación de la candidatura de HZ, lo que ya se anunció en el Consejo de Ministros del viernes pasado. Con esta acción, el Gobierno Zapatero ha demostrado que no habrá variación en la lucha contra el terrorismo etarra con las posturas del Gobierno Aznar, un Gobierno que tuvo grandes éxitos en esa lucha, éxitos que no podían desaprovecharse por la debilidad parlamentaria del Gobierno actual. Si, como es natural, el PNV vuelve a dar la nota discordante –ya criticó la decisión tomada el pasado viernes por el Consejo de Ministros–, está no será más que una muestra más del acierto de la decisión. Porque el partido que mantiene como grupo parlamentario a los sucesores de EH en el Parlamento Vasco –ocultos bajo un simple cambio de nombre–, incumpliendo diversas resoluciones del Tribunal Supremo, en un abierto desafío al Estado de Derecho y a la división de poderes, no puede dar lecciones a nadie de democracia ni de respeto a las ideas.