La izquierda le ha declarado la guerra a Wal-Mart. Su crecimiento hasta alcanzar el puesto número 1 en ventas a nivel mundial se ha basado en ofrecer ropa, alimentos, electrodomésticos, muebles, juguetes, pañales, cosméticos y todos los demás productos que más frecuentemente compran las familias a precios más bajos que la competencia. Según un economista de la Reserva Federal, “Wal-Mart es lo mejor que le ha pasado a los americanos de bajos ingresos”.
Claro que el fabuloso éxito de Wal-Mart afecta a comerciantes grandes y pequeños que simplemente no logran competir, pero esa es exactamente la ventaja del libre mercado, donde siempre el principal beneficiario es el consumidor. Al mismo tiempo, los comerciantes desplazados reciben la clara señal que están haciendo mal uso de escasos recursos y deben invertir su tiempo, esfuerzo y capital en otra cosa. Pero esa realidad no es aceptable para la izquierda intervencionista y planificadora, dispuesta a hacer cualquier cosa por impedir que grandes tiendas establecidas en los suburbios desplacen a los pequeños comerciantes de la calle principal de los pueblos y ciudades. Sí, se trata de la misma mentalidad que hace 150 años se oponía a que la industria textil reemplazara a las tejedoras que trabajaban en su hogar, hace 100 años que el automóvil acabara con las carretas y los caballos, hace 75 años que el catálogo de Sears compitiera “injustamente” con el comerciante de la localidad. Ahora, el “enemigo” es Walt-Mart, la cadena de tiendas preferida por las grandes masas de consumidores.
Una frecuente acusación que se hace contra Wal-Mart es que paga bajos sueldos. Eso equivale a decir que los sueldos no deben ser fijados por el mercado sino por una oficina gubernamental como en Cuba o en la vieja Unión Soviética. ¿Acaso son esos salarios más “justos”? La realidad es que en Wal-Mart se ven muchos empleados muy jóvenes y también viejos. Los primeros están aprendiendo en su primer trabajo y los otros están ganando unos dólares adicionales a su pensión, trabajando a medio tiempo. Lejos de criticarse, eso debería ser aplaudido o acaso queremos parecernos a Francia o Alemania, donde la legislación laboral no permite que los jóvenes consigan empleo, mientras que los trabajadores se retiran a los 60 años para vivir de los impuestos que otros pagan.
Nunca dicen que 90% de los trabajadores de Wal-Mart tienen seguro médico y que dos tercios de los gerentes de las tiendas comenzaron trabajando por hora para la empresa. Además, no se obliga a nadie a trabajar en Wal-Mart.
La señora Teresa Heinz Kerry, esposa del candidato John Kerry, hablando hace poco en una reunión del Partido Demócrata, declaró que “Wal-Mart destruye a las comunidades”. Desde luego que Wal-Mart no le hace mucha falta a una señora que heredó 500 millones de dólares de su primer esposo, H. John Heinz III, de la familia dueña de la salsa de tomate y las sopas Heinz. Además, la Sra. Kerry es presidenta de dos de las fundaciones Heinz y directora de la tercera. Esas tres fundaciones tienen activos por 1.224 millones de dólares y hacen donaciones anuales por unos 66 millones de dólares. Entre los beneficiarios de esas donaciones figuran prominentemente grupos ambientalistas y de activistas en contra de la libre empresa, grupos que han anunciado su decidido apoyo al candidato Kerry.
Otra acusación que le hacen a Wal-Mart es la de importar productos baratos, fabricados por extranjeros que reciben sueldos miserables, en lugar de vender productos hechos en Estados Unidos. Tal supuesto amor por el prójimo conlleva a que esos trabajadores extranjeros pierdan su empleo, que los consumidores paguen más y que las empresas privadas funcionen como oficinas públicas, donde el costo no es determinante de las decisiones administrativas.
El éxito de Wal-Mart se debe a que está mejorando el nivel de vida de millones de consumidores, pero eso necesariamente incluye el proceso que el economista austriaco Joseph Schumpeter llamó “la destrucción creativa” del capitalismo: la desaparición de competidores ineficientes. La ineficiencia sobrevive sólo bajo el intervencionismo y la protección gubernamental, lo cual es apoyado por la izquierda que ve el cierre de empresas ineficientes, pero no ve el beneficio de las masas de consumidores.
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Carlos Ball, director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute