Un año después de fatídico accidente que costó la vida a más de 60 militares españoles cuando volvían de cumplir su misión en Afganistán seguimos asistiendo a un lamentable espectáculo político que de continuar tendrá un alto coste para la moral, el prestigio y la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas.
El Ministro Trillo debió dimitir en su momento. Es cierto que él no tenía responsabilidad directa en el caso, pero la asunción de responsabilidades políticas incluye rendir cuentas por todos los fallos que puedan existir en la organización que se dirige. Así, las incompetencias o errores de los subordinados en un sistema democrático deben ser asumidos políticamente, y si esos errores producen resultados tan trágicos como es el caso, entonces se debe dimitir. Este principio, que es válido en todos las esferas, lo es aún más en el caso del Ministerio de Defensa, donde los principios de jerarquía, disciplina y lealtad forman parte de las virtudes militares más esenciales. Los informes que ponían en tela de juicio la seguridad de esos vuelos nunca debieron quedar olvidados en un cajón. Y si el Ministro no consideró entonces dimitir debió al menos haber depurado las responsabilidades internas.
El Ministro Bono debe cesar el uso repugnante de este caso para desgastar al PP. En el colmo del cinismo, el actual Ministro de Defensa mantiene un discurso compasivo con su antecesor mientras hace todo cuanto puede por seguir sacando la máxima rentabilidad política de la tragedia. Una oposición carroñera, que manipula e instrumentaliza el dolor ajeno como arma política, es una tristeza, pero un Gobierno carroñero traspasa los limites de lo asumible. José Bono está obligado a facilitar a las familias no sólo cariño, sino todo el apoyo y la ayuda que sea necesaria. Pero por responsabilidad política está también obligado a moderar la lógica indignación de las victimas para no provocar una crisis de nefastas consecuencias para el conjunto de la Institución que dirige. La hipocresía de hacer coincidir el relevo de la Cúpula militar con las evidencias de los errores cometidos en la identificación de cadáveres, mientras se afirma que nada tiene que ver una cosa con la otra, contribuye enormemente a crear confusión y agrandar las crisis.
Las familias de los fallecidos tienen todo el derecho moral a expresar su dolor y su indignación, tienen el derecho a saber la verdad y tienen toda la legitimidad para exigir cualquier responsabilidad. Pero en las pruebas más difíciles es donde también existe la oportunidad de dar las mayores lecciones de dignidad. El espectáculo de ver a las familias divididas por posibles intereses económicos o de permitir que se use su dolor para intereses o fines de terceros no es el más gratificante.