Hay que desconfiar mucho del actual ambiente empresarial argentino. Son pocos los empresarios que en esta Argentina estatista pueden subsistir sin cometer actos "ilegales" o inmorales. Aquí el Estado presiona por todos lados y se hace cada día más difícil sobrevivir sin evadir los altísimos impuestos, subfacturar las importaciones para pagar menos aranceles, tener empleados fuera de nómina para reducir costos, etc. Mientras que para ser un gran “capitalista” es necesario transitar siempre por los pasillos oficiales y despreciar al mercado (a la gente). No importa si la gente prefiere un producto importado, lo que hay que conseguir es que el gobierno le ponga altos aranceles a la competencia extranjera para obligarlos a ser “patriotas”.
Pero si de alguien nunca pude desconfiar es del argentino más rico: Gregorio "Goyo" Pérez Companc. El no tiene ninguna necesidad de entrar en manejos turbios para enriquecerse. Heredó una vieja fortuna de una familia muy comprometida con la Iglesia Católica. Algunos aseguran que la fundación privada de esa familia ha donado 616 millones de dólares. Y el hoy heredero, Goyo, era un niño de origen muy humilde, adoptado para formar parte de esta familia cristiana que tenía otros hijos ya fallecidos.
La prensa ahora informa que el gobierno lo persigue (y no es la primera vez) por "razones impositivas". La noticia me sorprendió.
El gobierno, a través de la agencia recaudadora de impuestos, la AFIP, eliminó la exención del impuesto a la Fundación Pérez Companc en forma retroactiva a 1988 y le reclamará una suma "cientos de veces millonaria", al considerar que actuó como un holding financiero que transfirió sus inversiones al exterior. El presidente de la Fundación, Carlos Cupi, rechazó las acusaciones de la AFIP y aclaró que los fondos recibidos por la institución fueron donados a entidades sin fines de lucro.
Está claro que en la actuación de la Fundación no hay nada inmoral, lo que sucede es que al gobierno no le gusta que la fundación maneje cifras tan grandes y que mantenga fondos depositados en el exterior. Eso no es nada raro porque quién va a confiar en la Argentina después de la confiscación de los depósitos bancarios y la suspensión de pagos. Hasta el mismo Kirchner, cuando era gobernador, envió los fondos de su provincia al exterior; el problema es que ahora no encuentran esos fondos.
La Fundación Pérez Companc apelará la decisión oficial, mientras que la AFIP advirtió que, tras la determinación de oficio, se podría instruir una causa penal.
Por el lado opuesto, encuentro que otra gran empresa, Techint, que siempre se caracterizó por sus buenos contactos con el gobierno y que siempre vivió de las obras públicas, a menudo asociada con el gobierno y amiga del presidente Kirchner, está logrando la promulgación de una reforma tributaria hecha especialmente a su medida.
Se trata de un proyecto de ley de beneficios impositivos que recibió objeciones en el Congreso, por considerarlo diseñado a la medida del grupo Techint para la construcción del Gasoducto del Nordeste. Así, el grupo que encabeza Paolo Rocca podría quedarse con el 60% de los beneficios, unos 200 millones de dólares. Para colmo, del costo total del proyecto de unos 750 millones de dólares, 250 millones serán aportados por el gobierno. El diputado Alberto Natale fue directo: "El proyecto... se orienta a grupos con gran capacidad de lobby".
Kirchner, además de insultar a los empresarios, ha vuelto a nacionalizar el servicio de Correo argentino y un ramal ferroviario, ha creado una empresa estatal petrolera y otra aérea. Además otorga toda clase de subsidios a "desocupados" amigos del poder, promoviendo la vagancia.
Pues así se resume el proyecto de "centroizquierda" de Kirchner, la Tercera Vía argentina, el "capitalismo" kircheriano: para ser empresario en la Argentina hay que ser amigo o empleado de Kirchner.
Alejandro A. Tagliavini, miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas)