La primera jornada de la comisión de investigación del 11-M ha quedado marcada por la importante discrepancia entre el testimonio del portero que localizó la furgoneta, Luis Garrudo, y el comisario de Alcalá de Henares, Eduardo Blanco, que apoya la versión policial. Mientras el portero ha asegurado que los agentes abrieron el vehículo en la ciudad complutense y allí, por la mañana, descubrieron los detonadores y la cinta con versículos coránicos, el comisario sostiene que en Alcalá de Henares sólo se llevó a cabo una inspección exterior del vehículo y que los explosivos y la cinta sólo se descubrieron por la tarde en Canillas al llevarse a cabo la inspección interna del vehículo.
En primer lugar, cabe reparar en que, independientemente de cual de las dos versiones sea la cierta, queda confirmado que la postura del anterior ministro del Interior apuntando en un primer momento la autoría de ETA, no obedecía a un deseo de manipulación sino que era el resultado de la información que le llegaba. Si, como sostiene el portero, unos agentes —a los que Garrudo dice que no sabría reconocer— ya se introdujeron en la mañana del 11-M en el vehículo y descubrieron la cinta y los explosivos, lo que es un hecho es que esa supuesta información a la que tuvo acceso el portero no fue transmitida por los agentes a sus mandos. Difícilmente podría, entonces, el entonces ministro de Interior haber puesto en conocimiento un hallazgo que tanto por los informes policiales como por las declaraciones del comisario de Alcalá de Henares sólo se produjo por la tarde y en Madrid, en clara contradicción con lo que ha sostenido el portero.
Lo que queda también en evidencia, vista la comparecencia de la directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía, es que la Ser, no es que cometiera un error, es que deliberadamente llevaba a cabo un infundio al “informar” de que se encontraba un terrorista suicida entre los cadáveres de las víctimas. Como se atrevió a recordar hace poco Rajoy ante sus propios micrófonos, La Ser sostuvo esta falsedad para difamar la honestidad del anterior Gobierno, aun cuando ya se les había avisado de que no era cierta.
Cabe, por último, hacerse eco de la gravísima información que publicaba este martes el diario El Mundo, que asegura que tres miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han ido a la cárcel para “aconsejar” a Rafa Zouhier —confidente encarcelado por presunta colaboración con el 11-M— que no hable ni con su abogado, ni con el juez, ni con la prensa, ni ante la comisión del 11-M de su relación con los vendedores de los explosivos al comando lavapies. De confirmarse los gravísimos hechos que denuncia El Mundo estaríamos asistiendo a algo que podría ser considerado un delito de obstrucción a la justicia y que, en cualquier caso, exige la inmediata comparecencia y explicaciones del actual ministro del Interior. Ya va siendo hora de saber y, eso pasa, por querer que se sepa. Va por todos.