El 22 de junio, la Comisión para Promover la Competencia (CPC) del gobierno de Costa Rica sancionó a la empresa embotelladora Coca-Cola Femsa por incurrir en prácticas monopolísticas, imponiéndole una multa de 200.000 dólares y un cambio en sus relaciones con los comerciantes. La Comisión encontró que la empresa había incurrido en imposición de precios en algunos contratos y presentado una lista de precios sin aclarar que eran sólo sugeridos, con lo cual violó la Ley para la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. La investigación fue realizada tras una denuncia de su competidor PepsiCola. Según la CPC, Coca-Cola Femsa también incurrió en prácticas de exclusividad en su negociación con los distribuidores detallistas.
Esa sanción es inmoral y absurda por tres razones fundamentales:
1. Los jerarcas costarricenses no tienen idea de lo que significa el término libre competencia. Este significa que todos los actores económicos tienen el derecho de utilizar cualquier práctica comercial siempre que no violen ningún derecho individual, que no medie la fuerza ni el engaño. Sin embargo, para estos jerarcas, quienes por ahí medio leyeron un texto viejo de economía de Paul Samuelson y alguien les comentó sobre la nefasta ley Antitrust de Estados Unidos, el término “libre competencia” significa lo que ellos dicen que significa y punto.
2. La sanción de marras ocurre en un país donde el mismo gobierno sancionador es dueño de una serie de empresas que operan como monopolios instituidos por ley, tales como las telecomunicaciones, electricidad, seguros, hidrocarburos, licores, Internet, las cuales utilizan las más abominables prácticas monopólicas. Al prohibir a los ticos su participación en esas actividades como oferentes del servicio y al eliminar la posibilidad de que los ciudadanos puedan adquirir tales servicios de proveedores distintos al Estado, el gobierno viola derechos individuales sagrados y utiliza la fuerza para suprimir toda competencia con sus propias empresas. Obviamente, el Estado no tiene autoridad moral para sancionar a otras empresas que, operando libremente, utilicen prácticas que palidecen frente a lo que
el gobierno hace todos los días.
3. La bancarrota moral del Estado costarricense es tal que el Congreso, en la década pasada, aprobó la Ley para la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor sin anular las leyes que crearon los monopolios estatales. En lugar de anularlas, recurrieron al expediente de eximir al Estado del cumplimiento de dicha ley. ¡Difícilmente podría haber un comportamiento oficial más corrupto!
La inmoral acción de la CPC no es un hecho solitario en Costa Rica. Durante el pasado gobierno se supo que después de analizar los gastos que tuvo la Caja Costarricense de Seguro Social por enfermedades relacionadas con el consumo de cigarrillos y calcular lo que las dos tabacaleras que existen en el país pagaron por concepto de impuestos, un diputado concluyó: “El Estado recibe menos de lo que gasta. Pareciera que esa situación justificaría plenamente que el Estado costarricense demande a las transnacionales tabacaleras con asiento en Costa Rica”. Pero en el mismo periódico que reportó la información, dos páginas más adelante, había otra nota que indicaba que el gobierno, el potencial demandante, iba a subsidiar con varios millones de dólares a los agricultores tabacaleros, los mismos que aportan la materia prima para las tabacaleras.
Para que una democracia tenga viabilidad y la sociedad viva en relativa paz, se requieren de parte de los gobernantes un mínimo de respeto a los derechos individuales y una mínima dosis de coherencia en cuanto a las políticas públicas. En Costa Rica se ha caído por debajo de esos umbrales; y no hay que ser clarividente para saber lo que sigue. Basta con mirar a Cuba, Argentina y Venezuela.
© AIPE
Rigoberto Stewart es director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas de Costa Rica.