Ayer, una consejera del tripartito catalán se decidió a dar el paso y pedir perdón públicamente. No se excusó, como sería de prever, por el carrusel de gamberradas de patio de colegio con las que nos tiene entretenidos su superior, Carod-Rovira; ni por la patológica obsesión de eclipsar a los otros imitadores de Pujol que aqueja al President Maragall. Al contrario, Marina Geli suplicó indulgencia por la primera y única iniciativa del Gobierno catalán que no tenía por objeto abundar en la masturbación identitaria de todos los días. Nos rogó clemencia tras haber tratado de lo prescrito: la realidad. Y por hacerlo incurriendo en lo impronunciable: la verdad. Porque a esa señora se le había ocurrido sugerir el copago de los servicios médicos públicos con el argumento de que la situación financiera del sistema será insostenible a medio plazo. No todos la han indultado pese al acto de constricción y ulterior propósito de enmienda. Pero ha tenido suerte. En el momento de escribir estas líneas, aún no la ha visitado el motorista con el telegrama de su cese fulminante.
Es sabido que el gran anhelo de nuestra progresía consiste en que en los quirófanos de la Seguridad Social se pueda entrar Manolo y salir Jennifer al cabo de un rato. Geli no hace apostasía de ello cual Cerolo cualquiera, pero quería cobrar un euro por la gestión. Y no, ni hablar del peluquín (o de la peluca que sería lo suyo). Ni un euro, le han dicho. Han sentenciado sus jefes que todos los servicios deben ser gratis total, igualito que el perejil, las perchas de plástico y la demagogia electoral. Por lo demás, cuando llegue la quiebra definitiva ya se buscarán soluciones imaginativas, que eso tampoco cuesta nada y en la casa común de la izquierda hay de sobras.
Ningún estudiante de primero de económicas ignora que si el precio de un bien es cero la demanda será infinita. E “infinita” significa “planetaria” cuando se pueden atravesar continentes por menos de doscientos euros. Entonces, “todo el mundo” significa, literalmente, “todo el Mundo”. Así, ocurre, por ejemplo, que sólo el Servicio Catalán de Salud debe ofrecer prestaciones al cuarto de millón de extranjeros que ya han reclamado su tarjeta sanitaria. Marina Geli no verá ni un solo euro por las atenciones prestadas a la inmensa mayoría de esos consumidores globales de servicios médicos. ¿La razón? Para poder acceder a las prestaciones del servicio público, únicamente cabe estar empadronado en algún municipio. Y cualquiera al bajar de un avión dispone de ocho mil organismos locales en España donde elegir hacerlo.
Es el precio de la alegre irresponsabilidad a la hora de redactar la Ley de Extranjería. Un coste algo más alto que ese euro que todos le quieren hurtar a la consejera. Por cierto, ella debe ser de los pocos que conocen la cifra real. Seguro. Pero se guardará muy mucho de pregonarla. El telegrama.