La visita del presidente de la Generalidad catalana, Pasqual Maragall, a la Moncloa ha servido para poner de nuevo en evidencia las disonancias y la indefinición de los socialistas respecto al modelo de Estado y respecto a las reformas constitucionales que quieren emprender. Un botón de muestra ha sido que, al término de la reunión, el presidente socialista catalán salía diciendo que Zapatero es “favorable” a su propuesta de reconocer explícitamente en la Constitución las nacionalidades históricas; afirmación que el ministro de Administraciones Públicas tardo poco en no poder “ni confirmar ni desmentir”.
Además, Margall ha hecho unas declaraciones de una calculada ambigüedad en las que ha afirmado que la Generalitat “es Estado, quiere ser considerada como Estado y va a ejercer de Estado”. Una comunidad autónoma forma parte de la organización territorial del Estado y los Gobierno autonómicos. Desde ese punto de vista lo manifestado por Maragall es algo conocido por todos, reconocido por la Constitución por lo que sobra decir que la Generalitat “va a ejercer de Estado”, porque lo viene haciendo desde su restauración.
Otra cosa muy distinta es pretender arrebatar al Estado central funciones que le son propias y exclusivas. Desde este punto de vista cabe analizar su afirmación de que Zapatero potenciará la participación de Cataluña en la conformación de la política Internacional española. La política exterior de España es competencia exclusiva del Gobierno central, y si se abre a la participación de la Generalidad de Cataluña, igualmente debería ofrecérselo al resto de los gobiernos autonómicos, pues es un principio básico de igualdad entre autonomías que ZP dijo que se comprometía a mantener.
La falta de consenso y definición de los socialistas ha quedado de nuevo sobre el tapete, y eso por no recordar la divergencia mucho más notable que protagonizó, hace escasas semanas, el presidente catalán cuando salió afirmando que el plan ibarretxe” no era asumible en la forma pero sí en el fondo”. Entonces no fue el ministro Sevilla, sino la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega la que le tuvo que salir al paso afirmando que el Plan Ibarrexe no era aceptable “ni en la forma ni en el fondo” y que esa era la opinión “tanto del Gobierno como del PSOE”.
El problema real no está en la supuesta vejez u obsolescencia de nuestro modelo constitucional sino en la inmadurez política de los socialistas que, a estas alturas, no saben lo que quieren y cuya falta de principios los hacen tan vulnerables a las presiones de los nacionalistas, incluidos los abiertamente independentistas. Las divergencias y disonancias que se dan entre las filas socialistas en un asunto tan básico y fundamental como es el modelo jurídico político del Estado, sencillamente, no tiene parangón en ningun país democrático de nuestro entorno.
Para limar asperezas, Maragall ha afirmado que ahora hay en España “un gobierno que entiende a Cataluña”. Ahora solo falta que los socialistas se entiendan entre sí. Y que los nacionalistas lo permitan.