El canciller Schroeder, socialdemócrata, ha visto la cuestión con claridad. Alemania no puede pagar beneficios y servicios sociales cada vez más generosos si no crece la riqueza. También ha comprendido, porque los datos se lo han metido por los ojos, que la proliferación de cuantía de esos privilegios laborales puede paralizar el desarrollo económico. Igualmente ha entendido que el modo de financiar las prestaciones sociales puede infligir graves distorsiones a la economía nacional. Si las medidas de política laboral resultan en un aumento de los costos de producción, las empresas comienzan a pensar en la temida “deslocalización” y el crecimiento de la producción nacional desmaya. Si las conquistas sociales han de financiarse con las cuotas de la Seguridad Social, el gasto se cubrirá con lo que a fin de cuentas es un impuesto sobre la mano de obra. Lo que no sé es si los votantes se lo agradecerán, pero a la fuerza ahorcan.
A principios de la década de 1990 el ingreso medio por persona de Alemania superaba en 14% el del Reino Unido. En 2003 eran los británicos los que gozaban de un ingreso medio superior en un 10% al de Alemania. La situación relativa alemana queda bien clara: Alemania se encuentra estancada mientras la economía más abierta y más flexible de la Gran Bretaña gana puestos en la clasificación europea. El canciller Schroeder presentó al principio de la presente legislatura el “Plan 2010” con propuestas para reformar a fondo del mercado de trabajo y del sistema de bienestar de la República Federal. Su popularidad en las encuestas de opinión ha caído más bajo que nunca.
Mientras la economía crece, la gran mayoría de los votantes de las democracias avanzadas piden creciente protección social, ya sea con normas laborales que dulcifican el esfuerzo diario, ya sea con prestaciones cada vez más generosas en sanidad y pensiones. Pero ese continuo aumento de la protección social, que al principio parece inocuo, acaba poniendo en peligro la prosperidad del país.
El Plan de Schroeder está encontrándose con obstáculos políticos y constitucionales que a veces parecen insuperables. La República Federal es un modelo del sistema de frenos y contrapesos creados para evitar los abusos de poder de partidos políticos o grupos de interés a costa de la mayoría silenciosa. El poder co-legislativo del Senado y la Cámara, los poderes muy amplios de los Länder o Autonomías, llevan a que las decisiones o concesiones demagógicas no puedan introducirse de golpe, al albur de una victoria electoral o de una huelga general. Pero una vez introducidas, esos mismos frenos y contrapesos atan las manos de los gobiernos reformistas. La división de poderes, instaurada para retrasar los abusos de poder, se convierte en un baluarte defensivo de los buscadores de rentas.
Sin embargo, no debemos desesperar. La creciente rigidez laboral y la expansión del gasto social están sometidas a tres frenos, lentos pero eficaces. El primero es la evidencia de estancamiento de la empresa en la que uno trabaja y de la economía en general. El segundo es la resistencia a pagar cada vez más impuestos. El tercero es la apertura del país a la globalización y la competencia internacional.
Daré dos muestras de la operación de algunos correctivos en las empresas alemanas. La Siemens acaba de acordar con el poderoso Sindicato del Metal que sus trabajadores en Alemania aumenten sus horas de trabajo de 35 horas semanales a 40, sin aumento de paga, para evitar el traslado de las plantas a otros países. La DaimlerChrysler, por su parte, está inmersa en un conflicto colectivo con el mismo sindicato porque quiere reducir los costos de su planta de Baviera en €500 millones, bajo la amenaza de llevar la producción a Bremen o a Sudáfrica. No es que los trabajadores alemanes no sean productivos: la prueba es el superávit de exportaciones industriales alemanas. Es que esos tan productivos trabajan pocas horas.
Otra muestra de medidas tomadas para limitar la deriva del gasto social la encontramos en algunas reformas aplicadas por Schroeder en su camino hacia el 2010. Los pacientes que acuden a un médico de la Seguridad Social tienen que pagar un euro por visita. Eso ya ha reducido las visitas de 550 millones al año a 500 millones. El objetivo de estas y otras medidas semejantes es intentar reducir el gasto del sistema público de salud de €142 miles de millones a €119 en 2007.
© AIPE
Pedro Schwartz es profesor de la Universidad San Pablo CEU y académico asociado del Instituto Cato.
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