Aun a riesgo de quedar un tanto trastocado mentalmente, resulta interesante repasar las reacciones que se han producido al anuncio de que se impulsará y financiará la enseñanza de religión islámica en los centros públicos y que también se hará lo mismo con otras confesiones, como la judía y la evangélica. Así, por ejemplo, la “carca” Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) está encantada y su presidente ha asegurado que es “una buena noticia que aquellos padres que quieren educar a sus hijos en el Islam puedan hacerlo en la escuela frente a una educación sin valores, que se intenta promover ahora". No menos regocijo siente la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) que tiene entre sus objetivos el “promover la concepción cristiana de la educación y el concepto de la Escuela Católica” pero eso no le impide dar la bienvenida a esta medida que "supone valorar la libertad religiosa, sea de la confesión que sea".
Por el contrario, la “progresista” Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) critica duramente la decisión del Gobierno socialista ya que "la presencia de cualquier religión en las aulas genera diferencias muy grandes dado que no todo el mundo es religioso" y advierte de que se puede generar conflictos religiosos en la escuela. Pero este alucinante mundo al revés no termina aquí. Que, como en las ikastolas, se pueda propagar el odio en las escuelas y ahora dirigirlo especialmente a los judíos, parece ser una buena noticia para la Comunidad Judía de España dado que su presidente, Jacobo Israel, ha descubierto un “abierto talante” en el ministro de Justicia cuando les ha prometido que también estarán presentes en la escuela pública. No menos sabroso es el trozo de pastel que puede llegar de la asignación tributaria y que ahora sólo recibe la Iglesia Católica. Por eso, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), que siempre ha defendido la autofinanciación de las confesiones, pide ahora la creación de distintas casillas en el impreso del IRPF y que el porcentaje confiscado seas del 0,8 por ciento en lugar del 0,52 actual.
Todo esto puede parecer un cúmulo de disparates pero, aunque ciertamente lo son, forman un sistema coherente con un dispare mayor que sirve de alimento. Si se parte del falaz principio de que los niños tienen derecho a la educación no existen razones para negarse a que sea el Estado el encargado de ofrecer este servicio a través de la financiación tributaria. Y tampoco hay razones entonces para impedir que los padres musulmanes, judíos o protestantes, que también pagan impuestos, puedan llevar a sus hijos a la escuela pública y reciban allí una formación religiosa como los niños católicos. Aunque pueda ser cierto, no vale decir cuando se discute el problema que aparece ahora que determinadas religiones, como la islámica, son contrarias a nuestros valores democráticos y de libertad e incluso focos de actividades terroristas porque, de ser así, deberían estar prohibidas y las mezquitas clausuradas. Tampoco soluciona el problema que, como propone la CEAPA, la enseñanza se apoye en valores éticos pero no en religiosos porque la discusión sobre dónde terminan unos y empiezan otros es interminable.
El problema es que la propia existencia de la enseñanza pública supone no solamente la producción de analfabetos en serie dado que es imposible asignar los recursos de una forma eficiente porque el mecanismo de precios está ausente, sino que además se crea un espacio donde el derecho se destruye y, de paso, la coherencia lógica. Lo estamos viendo ahora.