El Gobierno socialista parece convencido de que la vivienda de protección oficial es la panacea para resolver el problema de la exagerada carestía de los pisos. Pero ni es la solución, ni las medidas que va anunciando marchan en la dirección adecuada.
Es verdad que los promotores no construyen vivienda de protección oficial (VPO) porque no les resulta rentable. Su precio es tan bajo respecto a la vivienda libre que no sólo les resulta mucho más interesante dedicarse a la segunda y abandonar la primera, sino que, en muchos casos, el dinero que obtienen con la venta de viviendas protegidas no llega a cubrir los costes en que han incurrido para edificarlas. Por ello, estaban reclamando una subida del 25 por ciento. Sin embargo, el Gobierno no quiere incrementar el precio más de un 4 por ciento, con algunas excepciones en las que podría superar el 16 por ciento. Eso es un error, porque el problema es general en toda España, aunque haya zonas con características particulares donde resulta más grave, y, por tanto, habría que ir en todas partes mucho más allá del 4 por ciento y, desde luego, acercarla lo más posible a ese 25 por ciento que reclaman los promotores. En caso contrario, seguirán sin contar con los incentivos necesarios para dedicarse a la vivienda protegida.
Ahora hagamos una reflexión. El problema es que la vivienda es muy cara y resulta que el Gobierno pretende resolverlo encareciendo aún más las que resultan más baratas, es decir, las protegidas. Esto no tiene sentido, como tampoco lo tiene que los ayuntamientos cojan ese 10 por ciento de suelo que, por ley, tienen que cederles obligatoriamente los promotores y en lugar de destinarlo a VPO, se lo vendan a esos mismos promotores a precios de mercado. Esto es surrealista y apunta directamente a la verdadera raíz de la cuestión: las finanzas municipales, tan parcas que las corporaciones locales se ven obligadas a especular con el suelo para ingresar recursos en sus arcas.